Santiago Juxtlahuaca. – El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes , en el que participan personas desplazadas de Tierra Blanca Copala, en la Mixteca de Oaxaca, urgieron al Senado de la República para la aprobación inmediata de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno en México , que lleva pausado más de un año.
El colectivo, formado por personas y organizaciones en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Morelia, Sonora, Guerrero, Quintana Roo y Ciudad de México, hicieron un llamado al Senado de la República, para que apruebe de manera inmediata la ley en materia de desplazamiento, además de tipificarlo como delito.
También exigen al gobierno federal que instruya a la Secretaría de Hacienda a facilitar la gestión de presupuestos en el proceso legislativo, para que las Comisiones del Senado puedan continuar con la iniciativa de Ley.
En conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad de México, demandaron también a los Congresos estatales que incluyan en sus agendas legislativas el desplazamiento para atender la problemática de manera local.
Afirmaron que entre los años de 2009 y 2020, más de 356 mil personas fueron desplazadas por la violencia en México, situación que el Estado no reconoce como “crisis humanitaria”.
El colectivo solicitó que haya un proceso de diálogo permanente entre el Estado, las víctimas y organizaciones acompañantes para “evaluar y proponer las medidas de atención a esta crisis humanitaria”.
Una Ley pausada por más de un año y nueve meses
Desde el pasado 29 de septiembre del 2020 fue aprobado el proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, sin embargo, quedó pausado en el Senado de la República.
De acuerdo con el proyecto de Ley, se propone la elaboración de un Programa Nacional para prevenir, atender y generar soluciones duraderas para los desplazados internos, que sea elaborado por la Secretaria de Gobernación, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazamiento Interno, y el Consejo Nacional de Población.
La ley deberá contener un diagnóstico, objetivos, estrategias y responsabilidades de las instancias encargadas, así como el presupuesto asignado para su implementación.
Además, el proyecto propone la creación de un Mecanismo Nacional con el objetivo diseñar, evaluar, y desarrollar políticas y acciones interinstitucionales para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas.
Así como elaborar de un Registro Nacional de Personas Desplazadas que contenga datos sobre su identificación, ubicación, y características sociodemográficas, los cuales sean solventados por un Fondo Nacional de atención a las víctimas establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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afcl
