Oaxaca.— Más de tres décadas han pasado y las balas no cesan en la nación triqui baja, donde más de 40 personas han sido asesinadas de 2020 a la fecha. Hijos e hijas han quedado en orfandad, mujeres viudas, hogares sin la madre o el padre, desplazamientos de comunidades y un sinfín de violencias los ha atravesado, sin que la justicia les alcance.
“Hay cinco personas que la Fiscalía del estado ha detenido este año, vinculadas con homicidios en la región”, informó Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, en conferencia de prensa ofrecida ayer ante la ola de violencia de las últimas dos semanas, donde fueron asesinados tres miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Aunque funcionarios de distintos sexenios, de gobiernos del PRD, PRI y ahora de Morena en Oaxaca, así como del gobierno federal y del sistema de justicia como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Fiscalía General de la República han declarado proceder contra los autores de los crímenes cometidos en la región de la Triqui Baja, poco se ha dado a conocer al respecto.
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Octavio de Jesús Díaz, actual dirigente de la mesa política de MULT, señaló que por los 34 asesinatos no hay ningún detenido que hasta el momento hayan hecho de su conocimiento, del de la organización o del de los familiares.
De 2020 a la fecha, el MULT, una de las tres organizaciones internas de esta subregión ubicada en la mixteca de Oaxaca, reporta 34 asesinatos: 13 mujeres y 21 hombres. Además de 17 heridos: ocho hombres y nueve mujeres. A esto se le suman 49 ataques a las comunidades adheridas a la organización.
En tanto, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) señala que de 2020 al 15 de noviembre de este año han sido asesinados en total nueve personas: tres mujeres y seis hombres. Además de seis heridos: cinco hombres y una mujer. Sin embargo, suman más de 20 asesinatos en años anteriores.
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A esto también se suman los desplazamientos de los pueblos triquis, entre ellos San Miguel Copala, San Juan Copala y, por último, Tierra Blanca, donde a finales de 2020 y a principios de 2021, 144 familias huyeron de las balas para resguardarse en un albergue indígena en Yosoyuxi Copala.
Hasta finales de 2023 sumaban más de 380 mil personas en situación de desplazamiento forzado, de acuerdo a las estimaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La violencia ha tocado a cada una de las comunidades de esta región de Oaxaca, tanto que antes de 2010 también la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) reportó al menos cinco indígenas e integrantes de su organización asesinadas en San Miguel Copala, perteneciente a Putla de Guerrero.
En estos casos, la Fiscalía no ha especificado ni ha informado cómo se encuentran los procesos de investigación de las víctimas y se desconoce un número preciso de muertos por la violencia en estos pueblos de Oaxaca.
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Exigen justicia en comunidades triquis
“Pedimos que la reunión sea con las tres organizaciones y que no haya preferencia por parte del gobierno del estado ni federal para poder trabajar en la pacificación de nuestros pueblos”, demandan los integrantes de MULTI, quienes han exigido el retorno seguro de 144 familias desplazadas de Tierra Blanca Copala desde finales de 2020.
Romero López señaló que el próximo martes 19 de noviembre tendrán una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación para dar a conocer más a detalle sobre los últimos asesinatos de los integrantes del MULT. También ha citado para este día a las organizaciones.
“La carpeta de invitación la tendrá la Presidenta de la República [Claudia Sheimbaum], seguramente por parte de la Fiscalía”, indicó. Y, agregó: “Estaremos con la Secretaría de Gobernación para dejar muy claro el origen de estos tres homicidios”, descartando así las declaraciones de Emelia Ortiz, una de las integrantes del MULT quien señala que existe un crimen de estado al permitir los asesinatos.
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La Secretaría de Gobierno del estado negó los señalamientos: “Esto no es un crimen de Estado, para que sea un crimen de Estado debe haber pruebas contundentes, no se puede responsabilizar al gobierno de Salomón Jara ni a las instituciones de esta situación, tan ligera. Es una declaración irresponsable, parece más política, entiendo el dolor de nuestra compañera de la organización MULT, a quien fraternalmente le extendemos nuestro pésame, pero no puede haber señalamientos a la ligera”.
El MULT pidió parar la masacre de familias triquis que además han sido discriminadas estructuralmente por el Estado, negándoles justicia, proyectos de desarrollo y paz.
“Estamos exigiendo al gobierno federal y estatal que tome cartas en el asunto porque estamos sufriendo, literalmente, una masacre por parte de personas armadas, estamos exigiendo que haya paz, desarrollo para las comunidades, educación, salud y proyectos de deportes para las comunidades”, dijo el dirigente actual de la mesa política de MULT.
La región Triqui Baja comprende cerca de 45 comunidades y están ubicados en tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario. En estos municipios, existen tres organizaciones: MULT, UBISORT y MULTI.
Disputan organizaciones control político y territorial
Oaxaca.— La región triqui, asentada en la Mixteca de Oaxaca, comprende cerca de 45 comunidades ubicadas en tres municipios: Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario. En estos municipios, existen tres organizaciones: MULT, UBISORT y MULTI quienes se disputan el control político y territorial.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) la violencia en comunidades triquis tiene orígenes históricos y está relacionada con la disputa por el control político y territorial de la zona.
En 2007, con base en el principio de libre determinación de los pueblos indígenas, San Juan Copala fue declarado municipio autónomo, independiente del gobierno estatal y del PRI.
“No obstante, el proyecto de autonomía no logró poner fin al conflicto, que terminó por intensificarse mientras distintos grupos intentaban defender sus intereses y tomar el control del territorio, a medida que el proyecto de autonomía se diluía”, indica la CMDPDH.
Al menos desde noviembre de 2009, los pueblos triquis han estado sometidos a diversos ataques armados, restricciones a la libertad de circulación y a la interrupción de los servicios básicos de atención médica y educación.
A ello, se suma unas 380 mil personas en situación de desplazamiento interno forzado. A casi tres décadas, las autoridades no han logrado encontrar una solución a dicho conflicto.