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El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo; la síndico Denisse Arizmendi Villegas, y los 15 regidores municipales enfrentan una orden de destitución e inhabilitación por incumplimiento de pago, luego de que el ayuntamiento se declaró en insolvencia económica para cubrir una deuda de 27 millones de pesos desde 2016 a la empresa recolectora de basura Tochter SA de C.V. la cual ganó un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Enrique Paredes Sotelo, ex secretario del ayuntamiento y abogado, afirmó que la administración pública de Blanco Bravo lo podría dejar fuera de la competencia por la gubernatura, ya que en caso de que el TJA ejecute el total de las notificaciones y haga efectiva su destitución e inhabilitación —de hasta por seis años—, estará impedido de participar como candidato en 2018.
De acuerdo con Paredes Sotelo, Blanco sólo tiene dos opciones para mantener sus aspiraciones: pagar la deuda o recurrir al amparo para ganar tiempo y buscar un acuerdo.
Pero las denuncias contra el ex futbolista y su administración llueven este fin de año, alertó Paredes Sotelo, ya que otras empresas recolectoras de basura también lo demandaron por incumplimiento de pago de 73.6 millones de pesos, correspondientes a servicios prestados en 2017, denuncias que ya fueron presentadas.
Sin notificación aún. El expediente TJA/3AS/212/2016 cita que el 15 de diciembre un actuario de la Tercera Sala del TJA intentó notificar a los funcionarios municipales sobre la sentencia, pero no los encontró. Días después, el personal del tribunal salió de vacaciones, pero a su regreso buscarán a los funcionarios municipales.
La demanda de Tochter cita que Blanco Bravo y los integrantes del cabildo fueron apercibidos el 23 de octubre para que en un plazo de cinco días hábiles contestaran y en su caso justificaran el incumplimiento de pago con la empresa.
El secretario de Asuntos Jurídicos municipal, José de Jesús Guizar, informó que en ese momento no tenían recursos, pero el cabildo instruyó al tesorero Alejandro Villarreal Gasca a generar una estrategia de pago y cubrir el adeudo.
“Villarreal Gasca refirió que solicitará una ampliación presupuestal o en su defecto analizarán si el ayuntamiento puede hacer frente a ese pago con recursos propios en 2018”, informó Guizar Nájera.
Agregó que el débito se originó en 2011 durante la administración del alcalde Manuel Martínez Garrigós (2009-2012).
Sin embargo, el ex edil negó el hecho y dijo que la deuda se registró en el trienio de su sucesor, Jorge Morales Barud (2012-2015).