Juchitán de Zaragoza
A tres años de que la tierra se fracturara con una fuerza de 8.2 grados, a las 23:49 horas del 7 de septiembre, Marión Angélica Ferra Moreno aún vive en un espacio improvisado.
En su pequeña vivienda, la cama, dos mecedoras, el clóset sin puerta, zapatos, dos sillas de madera y una de plástico crean un escenario hacinado y colorido que se ilumina con la luz del sol que penetra sin dificultad por donde antes estaba el techo, que no resistió el terremoto y que ahora muestra nubes blancas.
Vendedora de ropa y joyería de fantasía en un tianguis que hasta antes de la llegada del Covid-19 recorría las poblaciones del Istmo de Tehuantepec, Marión cuenta que tras el sismo el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio 15 mil pesos por la clasificación de daño parcial de su vivienda, lo que no le alcanzó para reconstruir.
“El año pasado vinieron unos técnicos y dijeron que van a darme otro apoyo de parte del gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador, pero no me han hablado. Espero que no me olviden”, lamenta la mujer.
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La escena es similar en cualquier rumbo de la ciudad. Se observan casas a medio construir, con puertas y ventanas protegidas con tablas.
Han pasado tres años desde la noche en que la zona fue sacudida por el terremoto, el cual derrumbó viviendas, escuelas, edificios públicos, monumentos históricos y locales comerciales. También causó la muerte de 78 oaxaqueños.
Pese a la situación, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), que de por sí avanzaba con desesperante lentitud desde fines de 2018, con la llegada del Covid-19 suspendió sus operaciones desde marzo pasado.
A 36 meses de aquella noche de destrucción, una como no habían experimentado los istmeños en casi 100 años, las calles del centro de Juchitán aún están salpicadas de escombros y materiales de construcción, como arena y grava, testimonios todos de una ciudad que aún está lejana de levantarse por completo.
Entre las casas que siguen en obra destacan algunas que dejarán de ser viviendas para convertirse en locales comerciales, transformando al Juchitán tradicional.
“El terremoto nos dejó daños severos en nuestras vidas. Fue una catástrofe arquitectónica que se aceleró con las políticas del gobierno federal de ese momento, cuando apostaron a derribar viviendas y retirar escombros como un grosero negocio.
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Señala que para las familias juchitecas el terremoto fue una catástrofe cultural, pues con la destrucción de las viviendas se extinguieron los espacios construidos exprofeso para los rituales zapotecos, como los rezos, relevo de mayordomías, velorios y fiestas.
“Todos esos rituales corren el peligro de quedar en el olvido porque las casas que se empezaron a construir después del sismo son pequeñas, bajitas y no tienen los amplios corredores.
“Antes del terremoto te recibía la mesa del santo, donde se sellaban los compromisos tradicionales, como los bautizos, el matrimonio y festividades de 15 años, entre otros. Ahora, lo hace el televisor”, describe.
Cifras oficiales, que en su momento dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indican que el sismo colapsó en esta ciudad a unas 6 mil viviendas vernáculas.
La mitad de ellas podrían haber sido restauradas, pero el gobierno federal optó por demoler todas y benefició a las empresas que cobraron hasta por el acarreo de los escombros: “Fue un gran negocio”, acusa el arquitecto.
En total, entre Juchitán, Tehuantepec, San Blas Atempa, Santa María Xadani, Ciudad Ixtepec, Unión Hidalgo, así como Asunción Ixtaltepec, los municipios más golpeados por el terremoto, el experto calcula que se perdieron unas 12 mil viviendas tradicionales de tejavana.
A pesar de que el actual gobierno federal autorizó 5 mil millones de pesos del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) para las regiones oaxaqueñas afectadas por los sismos de 2017, el proceso de reconstrucción no avanza, admite el diputado local Pavel Meléndez Cruz.
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Como presidente de la Comisión Especial de Reconstrucción de la 64 Legislatura, el morenista dice en entrevista con EL UNIVERSAL que en sus recorridos por las zonas dañadas, lo mismo en el Istmo que en la Costa, como en la Mixteca y la Sierra Sur, enfrenta el reclamo y la molestia de los damnificados, quienes piden la liberación de recursos.
Según Sedatu, explica, en el tema de vivienda hay un avance de 70%, es decir, de cada 10 personas que perdieron su casa, tres continúan sin hogar.
El legislador detalla que recientemente se reunió con el subsecretario de Sedatu y coordinador del PNR, David Cervantes, quien le informó que en promedio el proceso de reconstrucción tiene un avance de 50%.
Donde se observan más los retrasos, detalla, es en el renglón de sitios y monumentos históricos, aunque también hay lentitud en la reconstrucción de escuelas.
Por su parte, Emilio Montero Pérez, presidente municipal de Juchitán, asegura que ha insistido ante la Sedatu que aceleren el proceso de reconstrucción en la ciudad, pero sobre todo que liberen los recursos económicos a los damnificados que los siguen esperando, pues, como dio a conocer EL UNIVERSAL en junio pasado, desde octubre de 2019 el dinero no ha llegado.
Al inicio de 2020, cuando parecía que la ciudad recuperaba poco a poco su vida comercial, muchos damnificados hicieron un esfuerzo para dividir su antigua vivienda y abrir un espacio para un local comercial, por eso muchas de esas casas ya lucen las cortinas de acero. Fue entonces cuando llegó el Covid-19.
Como ya nadie se arriesga a abrir un negocio con un local rentado, no hay dinero para reconstruir, por lo que en diversas secciones de la ciudad se aprecian los lotes baldíos.
“Muchos damnificados preguntan cuándo depositará la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) o la Sedatu. Son personas que desde el año pasado recibieron sus tarjetas y les dijeron, en algunos casos, que les depositarían hasta 270 mil pesos, pero no han recibido nada”, lamenta Rubén Darío Hernández Simón, regidor de Obras.
Entre ellos está Marión, que sigue esperando la ayuda de la 4T para reconstruir, porque ahora, con la pandemia, no hay otra forma de lograrlo.