Cancún.- Luego de una revisión preliminar a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) sobre el Tramo 5 Sur del Tren Maya , sometida a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) , por Fonatur-Tren Maya, activistas del movimiento Sélvame el Tren consideraron que el amplio documento está hecho “a modo” y que su contenido es contradictorio.
En entrevista con EL UNIVERSAL , el Grupo Moce Yax Cuxtal y Guillermo D’Christy , del proyecto Cenotes Urbanos de Playa del Carmen, coinciden en que aún cuando en la MIA se reconocen impactos potenciales “severos” y “críticos” al sistema kárstico, las cavernas y ríos subtérraneos, por derrumbes y hundimientos provocados por maquinaria pesada o la pérdida de vegetación y la fragmentación del hábitat de especies protegidas por los desmontes y despalmes, se concluye que estos “no son significativos”.
Consultados por separado, señalan que además se plantean en la MIA medidas de mitigación a destiempo, como el rescate de vegetación y fauna, lo cual debió ocurrir antes de la devastación de la selva, que inició –sin ninguna autorización, permiso o medida preventiva– desde febrero.
Ambos, subrayan que esto último –que la zona fue previamente impactada, por el propio gobierno federal como promovente del proyecto– es omitido cuando debió mencionarse en la MIA, pues constituye una violación al marco legal ambiental.
“El proyecto Tren Maya en Quintana Roo es ilegal y hoy lo quieren vestir de legalidad. Los trabajos para el Tramo 5 iniciaron sin estudios ambientales. Eso es lo primero que no podemos perder de vista, porque ahora con la MIA lo quieren hacer pasar como legal.
“Del contenido de la MIA, dudamos mucho. Para un proyecto de este tipo se necesitan estudios muy especializados, cuya elaboración no es sencilla, ni rápida. El trazo lo cambiaron apenas en enero y debían hacer estudios ahí, que tardan unos seis meses, mínimo. Pensamos que más bien copiaron y pegaron información de la zona y ya”, expresó Guadalupe de la Rosa, de Moce Yax Cuxtal.
Con ella coincide Guillermo D’Christy. “Se nota que se sacaron la MIA a destiempo y que la integraron sobre las rodillas. Curiosamente en todo este tiempo que nosotros hemos estado en la zona, no hemos visto a nadie haciendo estudios, ni recorriendo el trazo, ni la zona devastada, ni las cavernas subterráneas”, dijo.
Integrante del grupo de ciencia ciudadana “Cenotes Urbanos de Playa del Carmen” y del movimiento Sélvame el Tren, resaltó que la MIA es “a modo” y su contenido, “contradictorio”.
“La verdad de las cosas es que nos da la razón en cuanto a lo que hemos venido diciendo sobre los impactos severos que se prevén para el sistema kárstico, los ríos subterráneos, la flora y la fauna protegida. Pero al mismo tiempo minimizan esos impactos.
“Aunque proponen medidas de mitigación, en el caso de la selva, pues sí se pueden recuperar los árboles, aunque tarden años, pero los sistemas kársticos no.
“Hablan de hacer transplantes de árboles, cuando llegaron las máquinas y los arrasaron. Hablan de reubicar especies endémicas, pero eso es previo a que entres a destruir su hábitat. ¿A dónde las vas a llevar?”, cuestionó, al señalar que es “evidente” que quienes elaboraron la MIA, ni siquiera conocen la zona.
Ambos, adelantaron que una vez sometido el proyecto a evaluación del impacto ambiental, al haber ingresado la MIA, será solicitada a la Semarnat, la apertura del proceso de consulta pública y la realización de la reunión pública de información correspondientes, con base en la LGEEPA.
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Para Tren Maya se violentó de origen el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental
Por separado, la expresidenta del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, Yadira Romero, indicó que al haber iniciado actividades, previo a contar con la autorización de impacto ambiental y al cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el gobierno federal violentó el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) , con lo que desactivó el carácter preventivo que establece la legislación en la materia y violentó el principio precautorio.
En ese entendido, la presentación de la MIA –dijo– llega tarde, puesto que se tendría que presentar un Estudio de Impactos Generados, prevista en la propia ley.
Sin embargo, para la bióloga y consultora ambiental, la primera falla del proyecto Tren Maya, en su totalidad, estriba en evaluar los 7 tramos que lo conforman, de forma fragmentada, por separado, pese a que es una obra que debería evaluarse de forma integral, ya que sus impactos no están aislados, los ecosistemas afectados no tienen fronteras y la ley establece que el análisis debió ser por entero.
“Es un error haberlo presentado a evaluación por segmentos. Es un solo proyecto que no se puede analizar por pedazos, no puedes evaluar un tramo separado de otro. Una cosa es irlo autorizando por etapas… por tramos, la evaluación es conjunta, no por tramo”, sostuvo.
El segundo agravio al PEIA cometido, esta vez por la presidencia de la República, fue el acuerdo que declaró, el 22 de noviembre del 2021, proyectos federales como “de interés públicos y seguridad nacional”, porque dictó –sin tener facultades para ello– nuevas reglas que se contraponían a lo establecido en la Ley (LGEEPA), en torno a plazos de evaluación y autorizaciones.
Este acuerdo señala que antes de obtener la autorización de impacto ambiental, proyectos como el Tren Maya pueden solicitar una autorización “provisional” a emitirseles en cinco días, para que durante un año avancen en el desarrollo de las obras, en lo que se evalúan sus impactos y se determina si son o no viables.
“Con esto lo que hizo fue quitarle el carácter preventivo al procedimiento y la figura de la MIA pierde toda utilidad, porque además habla de una autorización definitiva, o sea no da margen a que el proyecto sea rechazado. Termina siendo una imposición”, ahondó.
Si bien admitió que en Quintana Roo el PEIA ha sido constantemente violentado por autoridades locales o particulares, ello “no justifica que desde el rango más alto de gobierno” se contravenga el marco legal ambiental y resaltó que ni la generación de empleos o el desarrollo económico puede ser un factor compensatorio del daño ambiental.
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