Cancún.- La actuación, criterios y omisiones de jueces en la Península de Yucatán en torno a los amparos promovidos por indígenas contra el megaproyecto Tren Maya violentan el acceso a la justicia de los pueblos originarios y constituyen agravios a sus derechos humanos.
Así lo notificaron hoy organizaciones civiles al Consejo de la Judicatura y al relator de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .
Los escritos se refieren a cinco amparos promovidos en Yucatán y desechados por los jueces por cuestiones de forma que impidieron discutir el fondo de los actos reclamados. También a la omisión de los jueces en torno a las probables violaciones a suspensiones definitivas que dictaron en Chiapas y Campeche. Y en Quintana Roo, a la respuesta de un juez de Chetumal que se declaró incompetente para admitir la demanda que le fue presentada y la turnó a juzgados de Cancún, sin que se tenga noticia de su estatus.
En conferencia de prensa, representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xiínbal, de Yucatán; colonos del Colectivo Tres Barrios, en Campeche; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y el Grupo Indignación detallaron la situación de las demandas promovidas en Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en contra del proyecto.
Las obras de reordenamiento territorial incluyen, además de la vía férrea para el tren, la instalación de estaciones y la creación de una decena de nuevos centros de población.
En opinión de estos colectivos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocado en defender los intereses de grupos empresariales, dejando de lado los derechos de las comunidades mayas de la región y, en ese contexto, advirtieron sobre el probable sometimiento del Poder Judicial “ante los caprichos del Ejecutivo”.
“Estamos en un estado de indefensión y hacemos un llamado de auxilio a la comunidad internacional porque se nos está negando el derecho de amparo, la protección y defensa de los derechos humanos”, indicó Noemí Martínez, de la Asamblea Múuch Xiínbal, quien cuestionó si los jueces están amenazados por el Ejecutivo o son obligados a seguir una línea para obstaculizar el acceso a la justicia.
Por indignación, el abogado Jorge Fernández Mendiburu explicó que, violando preceptos internacionales y criterios judiciales nacionales, las y los jueces de Yucatán han desechado las demandas promovidas por integrantes de comunidades mayas, argumentando que carecen de interés legítimo y que no acreditan su grado de afectación.
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Los casos expuestos dan cuenta de cinco amparos promovidos ante los Juzgados 4º y 5º de Distrito de Yucatán. Dos de ellos presentados en abril, durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y mediante los cuales se reclamaba el derecho a la salud y al medioambiente, ya que los decretos emitidos por el gobierno federal permitían la continuación de los trabajos del Tren Maya , pese a la contingencia sanitaria.
“Primero no los querían admitir; luego los admitieron. Al final los desecharon”, indicó el abogado, quien señaló que la Asamblea Múuch Xiínbal presentó otro par de demandas junto con el colectivo Chuntal, sobre el fondo del asunto, en esos mismos juzgados, que también fueron desechados.
“Hay un quinto amparo que presenta la Asamblea, señalando que no había información ambiental suficiente sobre el proyecto, y el Juzgado 3º de Distrito también lo desecha. Todos, los cinco (amparos), bajo el mismo argumento de falta de interés legítimo”, precisó.
En Chiapas se presentó un amparo el 2 de mayo y la jueza Segundo de Distrito otorgó la suspensión provisional, misma que fue impugnada por el Fonatur; el Tribunal Colegiado revocó la medida bajo el criterio de que los actos reclamados tenían “un futuro incierto”.
“Para el Tribunal parecía que las comunidades debían estar contagiadas de Covid-19 para que procediera la medida (…) vemos que se están sacando argumentos de la manga para evitar entrar al fondo del asunto”, reprochó el abogado.
Posteriormente, la misma jueza otorgó la suspensión definitiva que está vigente; sin embargo, se ha acusado el probable desacato porque las obras continúan.
En Campeche, el colectivo Tres Barrios presentó un amparo el 17 de abril para impedir ser desalojados de sus casas, ubicadas en tres colonias bien consolidadas, con una antigüedad de 128 años, denominadas Ermita, Camino Real y Santa Lucía, habitadas y heredadas durante cinco generaciones en la San Francisco Campeche.
Guadalupe Cáceres, que en esas 293 que están justo en el trazo del Tren Maya, habitan de 2 mil a 3 mil personas, entre pescadores, comerciantes, médicos, cuyo futuro es incierto, pues les quieren enviar en la periferia de la ciudad, con apoyos para pies de casa.
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Pretextando el confinamiento y la suspensión de actividades, el juzgado rechazó la demanda; el colectivo promovió una queja ante un Tribunal Colegiado que, el 25 de abril la recibió y admitió el 5 de mayo, con el número 395/2020.
Los trabajos continuaron cerca de las casas de las personas afectadas, por lo cual interpusieron una ampliación de amparo el 7 de agosto.
“A un mes, el Poder Judicial ha sido silencioso, omiso, callado (…) Estamos viviendo una incertidumbre, zozobra, miedo”, dijo la mujer, respecto al temor a ser desalojados en cualquier momento.
En esa misma entidad, la jueza Primero de Distrito, Grisel Rodríguez Febles, se atrevió a dictar una suspensión definitiva, vigente, relativa a un amparo promovido en Calakmul; en represalia, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha sido amonestada por la acción promovida por un grupo de habitantes que se presume fueron impulsados por el Fonatur.
Dicha institución, además, impugnó la suspensión y la jueza redujo los alcances de la medida cautelar.
“Las pocas jueces que emiten suspensiones están siendo atacadas”, dijo el abogado.
Mientras, en Quintana Roo, un juez en Chetumal -capital del estado- se declaró incompetente respecto al amparo promovido el 25 de agosto pasado, por habitantes de la zona sur de la entidad, de los municipios de José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, en contra del Tren, pretextando que el asunto debe ser visto por jueces de Cancún, en la zona norte del territorio, a donde turnó la demanda.
En los cinco amparos los actos reclamados son prácticamente los mismos: Violación a la libre determinación y al derecho de consulta -porque la hecha por el Fonatur no cumplió con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-; la violación al derecho a un medio ambiente sano; afectaciones al patrimonio cultural, por la destrucción de ciudades antiguas como parte de los trabajos para el megaproyecto, entre otros.
En todos los casos, la respuesta de los jueces ha sido desechar, argumentando la “falta de interés legitimo de los quejosos”, con escritos cuyo contenido es un “copia y pega, parece que ya tienen una línea, con el objetivo de evitar que se estudie el fondo del asunto”, prosiguió el abogado.
Valiana Aguilar, Asamblea Muuch Xiinbal, criticó el proceder del Poder Judicial, ante las vías pacíficas y legales promovidas por las comunidades indígenas para defenderse de megaproyectos que de corte neoliberal, que discriminan sus formas de vida y pretenden imponerles un modelo de desarrollo que rompe con su identidad, tradiciones y recursos naturales.
“Nos quieren imponer una manera de vida que no hemos decidido, lo que implica un racismo perfecto y un desprecio a nuestra forma de vivir. Nos han denegado 5 amparos, pese a las múltiples violaciones a los derechos de los pueblos; organizaron una falsa consulta; han dado banderazos (de inicio de obras) en plena pandemia, enfrentamos amenazas de muerte. Hay una violencia explicita del gobierno contra las comunidades”, sostuvo.
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