Luego de escuchar a integrantes de comunidades mayas, organizaciones civiles y académicos, reunidos en el octavo foro del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado del 9 al 12 de marzo en Yucatán, el veredicto de dicha institución ciudadana fue que el megaproyecto Tren Maya “abre la puerta al ecocidio y al etnocidio” en el sureste mexicano, con graves consecuencias, algunas de ellas irreversibles.
Entre las cinco conclusiones del encuentro, se indicó que ha quedado acreditado que el Tren Maya “ha sido impulsado con toda la fuerza política, jurídica, económica y militar”, por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador .
Que “se ha torcido la ley para saltarse todas las prohibiciones y procedimientos que se deberían haber cubierto para este tipo de megaproyectos”; y que “se han creado decretos con los cuales se ha pasado por encima de normas internacionales y de la propia Constitución para justificar la rapidez y el avance con la cual se está construyendo este proyecto”.
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El presupuesto de las obras se ha triplicado, el principal beneficiario del proyecto es el Ejército y las violaciones legales y a derechos humanos han sido solapadas —se subrayó— con la complicidad del Poder Judicial y Legislativo que, en conjunto “han mostrado un desprecio total hacia la Naturaleza”, se concluyó después de escuchar del relleno de cenotes y cavernas subterráneas, del desplazamiento y muerte de flora y fauna, de la devastación de millones de árboles, de la violencia en aumento en comunidades indígenas y de la creciente militarización de la región.
Como parte del veredicto se exigió la reparación de los impactos ambientales provocados por los siete tramos del Tren; la desmilitarización inmediata del territorio, el freno a los procesos de despojo de tierras ejidales; se hizo un llamado urgente para garantizar la vida de todas las personas que cuestionan el proyecto y las obras conectadas a éste y se demandó la aplicación del Acuerdo de Escazú, signado por México.
Las características del megaproyecto que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán fueron expuestas ayer ante las y los asistentes y de cara a integrantes del Tribunal, una institución internacional creada por la ciudadanía para investigar y denunciar las violaciones de los derechos de la naturaleza.
Durante un promedio de ocho horas, las juezas y jueces —el sacerdote Raúl Vera, de México; Yaku Pérez y Francesco Martone, de Ecuador; Maristella Svampa, de Argentina; y Alberto Saldamando, de Estados Unidos— escucharon los testimonios de una decena de expertos y de indígenas que habitan comunidades mayas localizadas en entidades atravesadas por el “Tren militar” o del “mal llamado Tren Maya”, como se refirieron a la millonaria obra impuesta por López Obrador.
“Responsabilizamos al Estado mexicano de la violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, los derechos de la naturaleza y bioculturales del pueblo maya que es el protector y guardián del territorio, de los cenotes, de la selva, de los seres sintientes no humanos que habitan el territorio, de la mano de un proyecto que es la suma de proyectos interconectados de gran escala con impactos multidimensionales.
“Este jurado advierte que la realización del mal llamado Tren Maya, en realidad, abre la puerta, no solo al ecocidio, sino también al etnocidio. El Tribunal advierte que hay suficiente documentación que confirma la violación de todas las herramientas de protección social y ambiental, por ello declaramos la suspensión del megaproyecto del Tren Maya”, leyó Svampa, presidenta del Tribunal, al dar el veredicto.
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El jurado exigió una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, intercultural, es decir, con participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas; y la presentación del Plan Maestro de las obras, “que jamás ha sido exhibido por las autoridades”.
Determinó que las evaluaciones al proyecto deben ser sistémicas e integrales y no parciales ni por tramos, toda vez que el Tren Maya no solo es una obra ferroviaria, pues abarca poblados de apoyo y desarrollos inmobiliarios y hasta hoteleros, conectado a otros proyectos, lo que exacerba sus impactos ambientales, sociales, culturales y de género, se remarcó.
Como tercer punto del fallo, se exigió la reparación de los ecosistemas dañados por los tramos del Tren, que abarcan sistemas naturales e impactan la tenencia comunal de la tierra y los territorios; que se detenga el proceso de despojo y expropiación de la tierra ejidal, a las comunidades y la revisión de todo el proceso de enajenación de la misma.
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“Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio; hacemos un llamado urgente al Estado, a todas las instancias defensoras de los derechos humanos en México y de los organismos nacionales e internacionales, como el Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, para garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan al Tren Maya y los proyectados conectados a éste.
“Extendemos también el llamado a las empresas y a los financistas del proyecto a respetar los derechos de los pueblos; exigimos la aplicación del Acuerdo de Escazú, así como todas las garantías vinculadas a las leyes que exigen el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, lo cual incluye no solo la consulta previa, libre e informada, sino el respeto a los usos y costumbres del pueblo maya”, indicó la jueza.
Se demandó, además, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el reformar la Constitución mexicana para establecer el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos, como ha sucedido en la Ciudad de México y Oaxaca, por ejemplo.
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El desarrollo del octavo foro del Tribunal por los Derechos de la Naturaleza, coincidió con la visita de López Obrador a Quintana Roo, Campeche y Yucatán, como parte de las revisiones al megaproyecto, que recorrerá mil 500 kilómetros en su circuito completo y ha visto elevar sus costos a 200 mil millones de pesos, respecto a la inversión original, que era menor.
El foro del Tribunal no se limitó a la escucha de exposiciones; las y los jueces visitaron comunidades como Pisté, Xmaben, Tihosuco y Valladolid, para escuchar más testimonios.
Para este domingo las y los jueces acudieron a la zona devastada para los trabajos del Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, con las organizaciones “Cenotes Urbanos”, “Jóvenes por Solidaridad” y el movimiento “Sélvame del Tren”.
Entre las organizaciones participantes en el encuentro, figuran el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Indígena de José María Morelos y el colectivo Ka’anan Ts’onot-Guardianes de los Cenotes, mientras que entre las convocantes se encuentran la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xiinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
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