Chiapas.- Por la vaguada monzónica en el Pacífico y las lluvias puntuales y fuertes que se registraron entre los 16 y 22 de septiembre, 21 municipios resultaron afectados con el deslizamiento de laderas, cierre de carreteras y crecimiento de ríos y arroyos, por lo que el gobierno de Chiapas emitió la Declaratoria de Emergencia.
La Secretaría de Protección Civil informó que en los 21 municipios resultaron afectadas de manera preliminar 19 mil 188 personas, cuatro mil 797 viviendas, el centro de salud de Acapetahua, además de cinco escuelas en Huixtla, Pichucalco, Chiapa y Amantenango de la Frontera.
Los municipios donde se emitió la Declaratoria de Desastre son: Amatán, Arriaga, Catazajá, Chalchihuitán, Chapultenango, Chilón, El Bosque, Escuintla, Huehuetán, Huixtán, Huixtla, Pantelhó, San Andrés Duraznal, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tecpatán, Tonalá, Tuzantán y Villa Comaltitlán.
Durante esos seis días de lluvia no se registraron víctimas mortales. “Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, ni pérdidas humanas que lamentar”, explica la Secretaría.
Además el gobierno de Chiapas envió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), solicitud de “corroboración por la ocurrencia del fenómeno natura perturbador por lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, para los municipios Chapultenango, Huehuetán, Huixtla, Tecpatán y Villa Comaltitlán” y también se hizo una solicitud de Declaratoria de Desastre para la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
La Declaratoria de Desastre tiene el fin de ayudar a la población afectada para que pueda “recobrar de manera integral la funcionalidad de los medios de vida, servicios básicos, infraestructura pública y social, organización y componentes de la estructura social de los municipios afectados, en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil” y por petición el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
“Se considera que las obras de reconstrucción que deriven de la Declaratoria deberán contemplar las acciones de reducción de riesgos que resulten de los dictámenes de riesgos y estudios que se realicen previos a la integración de los proyectos ejecutivos”, detalla.
Pero será la Secretaría de la Honestidad y Función Pública quien vigile que las acciones y recursos que “se ejecuten se realicen bajo los principios de derechos humanos, legalidad y transparencia”.
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afcl