Tapachula.— Hasta las 16:00 horas de ayer lunes ninguna autoridad de México ni de Guatemala había informado a la familia de Roberto González Hernández, uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio del pasado 27 de marzo en una estancia provisional migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre la indemnización de 3.5 millones de pesos que anunció el pasado domingo el gobierno federal de México para las víctimas.
“No sabemos nada, nadie nos ha avisado”, dijo a EL UNIVERSAL Manuela Gómez Álvarez, la viuda de Roberto González.
Entrevistada vía telefónica sobre si ya les habían informado de la indemnización que otorgará el gobierno de México a familias de las víctimas del incendio, cuyo monto total asciende a 140 millones de pesos, dijo no saber nada.
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En total, 19 migrantes de Guatemala, la mayoría provenientes de comunidades indígenas, perdieron la vida en el incendio que, de acuerdo con las autoridades, fue provocado por otro extranjero durante una protesta en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM).
Roberto González Hernández, de 32 años, decidió emigrar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para su familia, que vive en la comunidad de San Antonio Sijá, ubicada en las montañas del departamento de Totonicapán, en el occidente de Guatemala, una localidad marcada por la pobreza.
Apoyada por un traductor, porque su idioma materno es el quiché, Manuela dijo que, de recibir el dinero, lo invertirá en la construcción de una vivienda y en los estudios de sus dos hijos, Brayan de 11 años y Elsa Catarina de 10, quienes cursan el sexto y quinto años de primaria, respectivamente.
Asegura que ese era el sueño de su esposo y que por eso se decidió a emigrar y añade que a casi cinco meses de la muerte de Roberto aún le cuesta a la familia aceptar la realidad.
Aunque recibieron sus restos y pudieron darle sepultura en el pueblo, es difícil saber que no lo volverán a ver: “Mi suegra y mis hijos son los que más sufren la ausencia de Roberto, por momentos lloran”, lamenta la mujer.
Sobrevivir ante la pobreza
Manuela explica que desde la muerte de su esposo ha tenido que emplearse en las labores del campo para completar gastos de alimento y estudios de sus hijos, mientras que su suegra, doña Catarina Hernández, la apoya económicamente con lo que saca de la venta de artículos de abarrotes de una pequeña tienda que improvisó en su humilde vivienda en la misma comunidad.
La viuda relata que desde muy temprano sale a trabajar en los sembradíos de maíz con un sueldo de 75 quetzales al día (unos 160 pesos), pero también reciben apoyo de algunos pobladores de la comunidad, que no los han dejado solos.
Hasta ahora, sólo han recibido un documento que los reconoce como víctimas de la tragedia en la estación migratoria y espera que eso sea el primer paso para que llegue hasta ellos la indemnización prometida.
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