Después de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares al gobernador del estado, Enrique Alfaro , por la agresión a una periodista de los medios de la Universidad de Guadalajara , y diera cuenta de 24 agresiones contra reporteros registradas en este año, el gobierno estatal acusó a la defensoría de violar sus derechos humanos.
El titular de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón, precisó que las medidas cautelares se emitieron porque no funciona el mecanismo estatal para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas; además, han detectado 24 agresiones contra periodistas en Jalisco durante 2021 , que van desde descalificaciones hasta hostigamientos y amenazas .
"Esto habla de una falta de política de estado para garantizar el ejercicio periodístico y el respeto a la dignidad de la y los periodistas", dijo.
Recordó que a pesar de que existen una ley nacional y otra estatal de protección a periodistas , éstas no se aplican y ni siquiera existen mecanismos de denuncia.
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Por su parte, la administración estatal informó que fue notificada sobre las medidas cautelares y serán atendidas “con la debida diligencia”, pero señaló que la Comisión sustenta la emisión de las medidas cautelares en 24 supuestas agresiones contra periodistas que nunca fueron notificadas al gobierno del estado, “lo cual constituye una violación flagrante al derecho humano al debido proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.
En un comunicado, el gobierno de Jalisco desestimó la documentación del organismo defensor de derechos humanos porque se percató de las agresiones a periodistas a través de un monitoreo de medios: “es decir, a través de notas periodísticas (las cuales, legalmente como pruebas solo pueden tener un valor indiciario) y no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio periodístico”.
En opinión de la administración alfarista, lo anterior es mayormente preocupante porque con con base en esas notas se afirma que “se denota un patrón de hostilidades dirigido a minar la legitimidad y condición psicoemocional de quienes ejercen el periodismo”.
“Es decir, sin conocer de manera directa los probables casos de agresión contra periodistas y sin haberlos documentado o si quiera investigado, la Comisión prejuzga sobre un contexto específico y atribuye responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución”, respondió el gobierno estatal.
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