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Santiago Juxtlahuaca.- Un grupo de 58 familias víctimas de desplazamiento forzado interno de la comunidad de Guerrero Grande del municipio de San Esteban Atatlahuca, en la Mixteca de Oaxaca, suspendieron su retorno a su comunidad de origen luego de la detención del presidente municipal, Rogelio Bautista Barrios, quien fue liberado 24 horas después.
En días pasados, las familias desplazadas y el edil anunciaron su intención de regresar a Guerrero Grande tras casi un año de huir por la violencia generada por un conflicto interno.
Las autoridades de Atatlahuca señalaron a EL UNIVERSAL que debido a la falta de seguridad y por la detención del presidente municipal Rogelio Bautista Barrios, quien fue puesto en libertad este sábado, el retorno se suspendió.
Por la detención del presidente municipal, Maribel Velasco García síndica municipal, responsabilizó al gobierno del estado y al federal, por lo que fuera ocurrir en los siguientes días: “Esto se vuelve más complicado, son los representantes del pueblo a quienes detuvieron. En esta situación, lo que llegue a ocurrir será la responsabilidad del gobierno federal y estatal”.
En tanto, las familias desplazadas han denunciado en diversas ocasiones a EL UNIVERSAL, la falta de acompañamiento de las autoridades del estado y del gobierno federal ante la situación de desplazamiento en la que viven.
En este contexto, las familias decidieron retornar con o sin acompañamiento el 23 de julio pasado; sin embargo, el regreso fue suspendido luego de la detención del presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y del regidor de Hacienda, en la ciudad de Oaxaca, quienes fueron liberados este sábado.
Aunque la detención de los funcionarios populares duró cerca de 24 horas, “las condiciones no eran favorables” para el retorno, según las declaraciones de las familias desplazadas.
El gobierno municipal de Atatlahuaca, regido por el régimen de Sistemas Normativos Indígenas, no abundó más sobre las medidas o acciones que tomarán en los días próximos, por este contexto.
Desplazados, víctimas de desplazamiento forzado interno
En octubre del 2021, el conflicto interno de Guerrero Grande se agudizó y a principios de ese mismo mes, donde decenas de personas abandonaron la comunidad, luego que las casas de muchos de ellos fueran incendiadas por personas armadas, según relataron.
En ese mismo mes, el día 21, 22 y 23, otro grupo de cerca de 75 familias también huyeron de las balas de Guerrero Grande, de igual manera reportaron incendio de sus casas, mismas que se refugiaron de manera temporal en el albergue del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y en Mier y Terán.
Durante esta agresión también fueron desplazados varias familias de Ndoyonoyuji. Solo en el mes de octubre, entre Guerrero Grande y Ndoyonoyuji se contabilizan más de 150 familias que fueron víctimas de desplazamiento interno, de los cuales se mantienen en tres grupos distintos.
Hasta el momento, ninguno de los tres grupos de personas ha regresado a sus hogares, debido a que sus viviendas fueron quemadas durante el conflicto. Sin embargo, un grupo de 75 familias que se mantienen en el albergue temporal de la agencia Guerrero Grande, han negado el acceso a las otras 58 familias que se refugian en un albergue de una escuela primaria en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca.
Mientras tanto, el grupo de 16 familias de Ndoyonoyuji que se mantienen en las instalaciones del INPI también esperan su regreso, aunque en el último diálogo que sostuvieron en el mes de junio con las autoridades federales, entre ellos la Secretaría de Gobernación (Segob), acordaron asignar un espacio en Tlaxiaco para sus viviendas, pero sin fecha a llevarse a cabo.
El estado de Oaxaca acumuló 20.8% del total de desplazados en el país durante 2020, según el último reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH).
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rdmd
