Oaxaca de Juárez .- El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) dio a conocer que luego de cuatro años de lucha se consiguió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitiera un decreto que deja sin efectos uno anterior, de 2018, en el que se levantó la veda sobre cuencas y ríos de la Región Hidrológica número 20.
De esta manera, quedan nuevamente protegidos los cuerpos acuíferos que desde 2018 quedaron abiertos “al servicio de particulares o empresas que quisieran hacer uso y explotación de las aguas sin el consentimiento de los pueblos y comunidades originarias que habitan en esos territorios”, señaló la organización en un comunicado.
“Es una sentencia histórica dado que establece que los derechos indígenas son derechos reconocidos nacional e internacionalmente y deja precedente para que las autoridades estatales y federales respeten el derecho de los pueblos indígenas ante temas de derechos territoriales, del derecho al agua y los bienes naturales”, dijo.
Detalló que el expresidente Enrique Peña Nieto , entonces en funciones, emitió un decreto de levantamiento de veda para diversas cuencas del país, entre las que se encontraba la Región Hidrológica 20, a la que pertenece el río Verde.
Con esta determinación, explicó la Copudever, se puso en peligro 70% de las cuencas, las cuales quedaron desprotegidas ante la explotación y aprovechamiento para cualquier uso, incluyendo el sector industrial y extractivo.
No obstante, el 3 de mayo pasado fue publicado un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se deja sin efectos el decreto del 6 de junio de 2018; no obstante, fue hasta este día que la organización dio a conocer esta información.
También recordó que desde 2018, la organización interpuso un amparo y obtuvo una medida de suspensión, lo que evitó que se otorgaran concesiones en la región -a pesar del decreto de veda publicado-, situación que significó un primer triunfo para el movimiento.
“Un segundo triunfo sería el haber conseguido que para cualquier medida legislativa o administrativa que el Estado quiera tomar, deberá consultar previamente a los pueblos indígenas y respetar el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía, los sistemas normativos internos de las comunidades, así como las decisiones de las asambleas”, explicó.
El Copudever es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña donde participan pueblos chatinos, mixtecos, afromexicanos, organizaciones, comunidades de municipios afectados por proyectos de presas.
Uno de ellos, promovido por el gobierno y promovido a través de la Comisión Federal de Electricidad, es el denominado “Aprovechamiento hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina” o “Presa Paso de la Reina”.
Este proyecto fue proyectado desde la década de los 60 del siglo pasado, pero dado a conocer en 2006, en pleno contexto del conflicto social en Oaxaca.
La construcción estaba prevista con una cortina de 155 metros de altura, abarcando una superficie de 2 mil 468 hectáreas, afectando a más de cuarenta comunidades de seis municipios de las regiones de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, entre ellos: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
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