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Guadalajara.— La crisis forense evidenciada en Jalisco tras revelarse el resguardo inadecuado de cuerpos en cajas refrigerantes de tráiler fue mayor de lo que reconocieron las autoridades estatales y fomentó la impunidad, pues no hay avances en ninguna de las carpetas de investigación abiertas en los casos de personas fallecidas sin identificar, cuya muerte se derivó de un delito.
Lo anterior se desprende de una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). La defensoría documentó que a pesar de que tanto la fiscalía del estado como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) señalaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas las que se acumularon y resguardaron inadecuadamente, en realidad se trató de 605 cadáveres.
Según la investigación de la CEDHJ, en 262 casos las causas de muerte fueron hechos violentos que pueden estar vinculadas a la comisión de un delito, no obstante, en ninguna de las indagatorias se ha logrado el acceso a la justicia y la reparación del daño.
La Comisión afirma que los agentes ministeriales sólo iniciaron las investigaciones de lo ocurrido con las personas cuyos cuerpos resguardaba el IJCF. Además, advierte que sólo intervinieron para desahogar las diligencias de reconocimiento de las personas fallecidas y la entrega a sus familiares, pero no para investigar lo que ocurrió.
Además, se advirtió que en al menos 116 casos se contaba con elementos de identidad; sin embargo, las autoridades no realizaron diligencias para la plena identificación, ni la búsqueda de sus familiares, provocando que los cuerpos permanecieran en la morgue hasta 34 meses.
La defensoría emitió recomendaciones a distintas autoridades estatales para que se identifique a las personas que fueron inhumadas y aún están a resguardo de la fiscalía, se repare el daño a las víctimas y se evite una situación similar.
