Al anochecer del viernes 18 de enero de 2019 cientos de habitantes del municipio hidalguense de Tlahuelilpan y sus alrededores recolectaban combustible de una toma clandestina de un ducto que se había roto.
El chorro de combustible alcanzaba más de tres metros de alto e inundaba fosas y canales de sembradíos.
La fuga llevaba al menos dos horas y elementos del Ejército se encontraban en el lugar tratando de alejar a la multitud cuando, alrededor de las 19:00 horas, se registró una explosión que mató en el lugar a 69 personas; otras decenas más fueron trasladadas a hospitales, de las cuales 68 fallecieron posteriormente.
A casi un año, el saldo oficial de la tragedia es de 137 muertos, de los cuales 127 eran hombres —nueve de ellos menores de edad— y 10 mujeres. Además, 194 menores quedaron huérfanos: 175 perdieron a su padre; 16, a su madre y tres —una niña y dos niños— perdieron a ambos.
Para identificar los restos de las 69 personas que murieron en el lugar de la explosión, se realizaron 154 pruebas genéticas, de acuerdo con un reporte del gobierno de Hidalgo.
El DIF estatal realizó 93 servicios funerarios para siete mujeres y 86 hombres. Además, se abrieron 74 carpetas de investigación por lesiones, por lo que resulte, de la muerte de personas y por quienes no encontraban a sus familiares.
De acuerdo con el conteo de las autoridades, como consecuencia del accidente se brindaron 225 apoyos de orientación sicológica al momento y 132 subsecuentes; también se ofrecieron 269 apoyos en orientación sicológica y tanatología.
La tragedia de Tlahuelilpan fue la primera gran crisis que enfrentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había asumido el poder el 1 de diciembre de 2018 y semanas antes había iniciado una campaña contra el robo de combustible a nivel nacional.