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Xalapa.— Peritos especialistas en investigación y documentación de la tortura y penas crueles (Protocolo de Estocolmo) determinaron que un exfuncionario fue torturado en el Cereso Zona 1 por ruido, durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con los dictámenes sicológicos y médicos emitidos en la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) existieron actos de tortura por ruido y sueño en contra del exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza.
Al exfuncionario, preso por presuntamente haber ocultado el número de cuerpos localizados en Veracruz, lo torturaron con la finalidad de obtener una declaración incriminatoria en contra del exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo.
La tortura la realizaron —según determinó la CEDH— servidores públicos de la Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
Peritos independientes certificaron que durante los primeros meses de su reclusión, el exservidor público enfrentó una situación que le impidió mantener el equilibrio y estabilidad mental por constante ruido y falta de sueño, generándole condiciones de vulnerabilidad síquica seguida de un interrogatorio coercitivo.
El exfuncionario relató que durante una entrevista con el entonces fiscal especializado en Desaparecidos, Luis Eduardo Coronel, le pidió que rindiera una declaración inculpando al exfiscal general del estado y que de esa forma obtendría múltiples beneficios, entre ellos, poder dormir bien, un cambio de celda y su libertad después de las elecciones federales del 1 de julio de 2018.
A pesar del desgaste físico y sicológico por la privación del sueño, se negó a aceptar tal acuerdo y por ello el exfiscal especializado lo amenazó con atentar en contra de la integridad personal de su familia.
Ante el temor de que eso sucediera, aceptó firmar una declaración con fecha 10 de mayo de 2018, y para simular que ésta había sido realizada de forma legal, se asentó que durante la misma había sido acompañado por su abogado defensor.
Los testigos. La CEDH obtuvo el testimonio de dos personas (reclusos) que presenciaron los hechos y ratificaron la tortura con ruido.
Uno de ellos indicó que en abril de 2018 se percató de que dos personas de la celda de la sección A ingresaron una bocina muy grande, a través de la cual reproducían música (de banda y reguetón) a un volumen muy elevado las 24 horas del día, lo que le impedía conciliar el sueño. Esta situación permaneció hasta el día 10 de mayo de 2018.
El segundo testigo señaló que en diversas ocasiones se quejó con el entonces director del Cereso sobre la situación, pero que éste no hizo nada al respecto.