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Tlaxcala.- Los gobernadores de Tlaxcala y Puebla, Marco Mena y Miguel Barbosa , firmaron el convenio de Saneamiento del Río Zahuapan-Atoyac con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El Gobierno de Tlaxcala informó que con la firma del convenio, celebrado en Puebla, se asumió el compromiso de realizar un esfuerzo presupuestal adicional para invertir recursos en la mejora de la calidad del agua del afluente , así como la disposición de trabajar con el Gobierno Federal y autoridades de Puebla para dar resultados a favor del entorno natural y de la salud de los ciudadanos, en el corto plazo.
María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoció que el convenio refleja la coordinación y cooperación que existe entre Federación, gobiernos estatales y municipales; además, da respuesta a la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en marzo de 2017.
Señaló que el documento sentará las bases para poner fin a un largo proceso de degradación ecológica de la cuenca hidrológica del Zahuapan-Atoyac.
Por su parte el gobernador Marco Mena señaló que este convenio permite a los gobiernos federal, estatal y municipales trabajar de modo coordinado a partir de medidas concretas, al tiempo que enfatizó que el acuerdo es resultado de la buena relación institucional que existe entre Tlaxcala y Puebla.
En su oportunidad, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reiteró su compromiso de caminar junto con el Gobierno de Tlaxcala para atender asuntos comunes y realizar inversión conjunta, a fin de cumplir con el propósito de atender las demandas de autoridades ambientalistas y atender el cuidado a la salud de la población de Tlaxcala y Puebla.
En tanto, Blanca Jiménez Cisneros, directora General de Conagua, reconoció el esfuerzo para materializar este convenio que representa la suma de voluntades de los tres órdenes de gobierno para atender la recomendación 10/2017 de la CNDH en torno al saneamiento del agua y acceso a la información por contaminación de los ríos y sus afluentes debido a la descarga municipal e industrial.
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