Pachuca.— En Tlahuelilpan nada cambia. Las calles siguen igual, el pueblo también. Han pasado ya cinco años desde el 18 de enero de 2019, cuando explotó una toma clandestina en un ducto de gasolina y dejó la muerte sembrada en un campo de alfalfa.
Los lugareños dicen empero que aquello de que “el tiempo lo cura todo” no funciona, cada aniversario es más difícil, y eso lo sabe Edith, quien se niega a contar su historia y sólo atina a decir “no quiero recordar”.
Su hijo fue una de las 137 personas que murieron ese día, muchas eran padres y madres de familia que dejaron 194 menores huérfanos. Hoy se recordará a todos en una misa en el lugar de la tragedia.
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Los familiares de los muertos y heridos por la explosión ven con recelo a quienes llegan de fuera a preguntar; dicen que están cansados de que no se les reconozca su calidad de víctimas y se les tache de delincuentes, cuando muchos llegaron empujados sólo por la curiosidad, en un territorio donde el huachicoleo es un problema extendido.
Un crimen que no acaba
Un día después de la explosión, Mario Cruz Cruz, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), emitió una tarjeta de seguridad para el gobierno del estado con datos relevantes. En ese tiempo, el huachicoleo era ya una actividad generalizada en el sur de Hidalgo y se señalaba como focos rojos a cuatro municipios: Mixquiahuala, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán y Tlahuelilpan.
Cinco años después, el investigador señala que las cosas no han cambiado y el problema está lejos de acabar. Actualmente, Hidalgo se ubica como el estado con mayor número de tomas clandestinas y robo de hidrocarburo.
Mario Cruz observa que los municipios donde más se da esta práctica tienen un alto índice de pobreza y falta de empleo. Por ello, la gente ve en el robo de combustible una manera de conseguir dinero, y no sólo en Hidalgo, esto también pasa en el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Durango y Tlaxcala.
Precisa que los primeros reportes de huachicoleo en Tlahuelilpan son de 2013, y destaca que esta actividad no se puede realizar sin complicidad con las autoridades, desde la omisión de los cuerpos de seguridad hasta la posibilidad de que estas tomas sean perforadas por personas vinculadas a Pemex.
El investigador indica que desde 2019 ya se vinculaba a los grupos delictivos de robo de hidrocarburo con la delincuencia organizada, debido a que en la región se reportaban personas originarias de entidades como Michoacán, Jalisco y Puebla.
Asegura que el problema del huachicoleo en Hidalgo está vigente y se mantiene como el principal delito en esta entidad.
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“Las autoridades no han tenido la voluntad o pericia de atender esta situación y los vecinos pueden corroborar que el fenómeno se mantiene. La venta de gasolina continúa en algunos domicilios particulares, se ve el paso de vehículos que transportan gasolina y el dinero fácil que mantiene cooptada a la juventud”, dice Mario Cruz.
Señala que el robo de combustible también ha atraído a la región a grupos criminales y nuevos delitos, como los préstamos rápidos, conocidos como gota a gota, homicidios y narcomenudeo. Destaca también la presencia de células delincuenciales de otros estados y una creciente ramificación del robo de combustible hacia el Bajío y concretamente a Querétaro.
Precisó que el asesinato de nueve personas, ocurrido el pasado 9 de enero en San Juan del Río, Querétaro, presuntamente originarias de Hidalgo y vinculadas al robo de combustible, es una muestra de que el huachicoleo no ha sido desmantelado —como insiste en asegurar el gobierno federal—, sino que se está expandiendo.
Destaca que ni las becas ni los apoyos ni los programas asistencialistas del gobierno federal han tenido un impacto positivo entre los habitantes de esa zona, por lo que el crimen organizado capta a la población más joven, que carece de educación y oportunidades.
Asevera que la responsabilidad no sólo está en los gobiernos, sino también en la población y en todos los sectores, incluida la academia, que no ha sido capaz de transformar en los jóvenes el ideario de que no es con dinero fácil como se deben ganar la vida, sino con una profesión que los dignifique.
Para el académico, parte de la solución está en el combate a la corrupción institucional, profesionalización y dignificación de los cuerpos de seguridad, así como el uso de inteligencia.
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Una ayuda que quedó a medias
El titular de programas sociales del gobierno federal, Abraham Mendoza Zenteno, quien estuvo encargado de apoyar a los afectados por la explosión, considera que sí se han generado cambios entre la población del lugar, la cual ha tenido mayor conciencia del riesgo que significan las tomas clandestinas.
Resalta que, en su momento, las autoridades hicieron lo necesario para atender la emergencia y la reconstrucción del tejido social, pero la pandemia de Covid-19 interrumpió el proceso.
Recuerda que se otorgaron créditos para fondas, tortillerías y tienditas, entre otros negocios, y se dieron becas escolares a los menores que quedaron huérfanos.
Sin embargo, reconoce que no tiene el dato de cuántos de estos negocios continúan en marcha, aunque no descarta que sea un número mínimo, debido a la pandemia y otros factores, por lo que la gente ha debido continuar sola.
Abraham Mendoza dice que se mantienen las acciones para salvaguardar a la población y confía en que en este lugar no se volverá a repetir una tragedia similar.