Tijuana.— A Roberto lo despertaron los disparos. Cuando miró los destellos de los balazos tomó a su esposa y a sus hijos. Atrincherados bajo un mueble de madera y a ras de suelo, esperaron que la ejecución de aquellos desconocidos terminara; luego, retomaron la rutina: un desayuno y cada quien rumbo al trabajo y la escuela. No todos los ciudadanos que viven la violencia pueden protegerse en un cuartel.
De los 721 asesinatos ocurridos en Baja California durante enero y abril de 2023, 596 se registraron en Tijuana. Como si fuera el epicentro de la violencia en esta región, este municipio concentra ocho de cada 10 homicidios en el estado.
Roberto vive en la colonia Prado del Águila. Dice que casi a diario llegan camionetas por la noche, se adentran en las calles de terracería y arrojan cuerpos, a la vista de los vecinos.
Prado del Águila, dice, se ha convertido en un campo de exterminio para los grupos criminales. Es un vecindario en la periferia, entre Tijuana y Playas de Rosarito, dividido apenas por un relleno sanitario olvidado, al igual que los habitantes de esa zona marcada por la violencia de las bandas que deciden desaparecer a sus rivales allí, frente al patrimonio de esas familias.
Roberto recuerda que la noche de la balacera, en diciembre pasado, llamaron al número de emergencia, pero en el reporte oficial de las policías de los municipios de Tijuana y Rosarito consta que rechazaron atender la petición de apoyo porque, de acuerdo con las corporaciones, a ninguno le correspondía atenderlo.
Mientras los oficiales armados se excusaban, las familias sobrevivieron acuarteladas en sus casas de madera, con bloques de concreto recién levantados, sin armas, sin autoridad, solos.
Los vecinos de Prado del Águila se enterarían hasta el día siguiente, cuando llegaron agentes de la Agencia de Investigación Estatal, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, que esa noche hombres armados arrojaron al menos 11 cuerpos frente a una de las casas; algunos hombres fueron, incluso, ejecutados en ese mismo momento.
“Se han escuchado muchísimos balazos donde nosotros vivimos… a partir como a las cuatro o cinco de la mañana”, recuerda Roberto, quien prefiere usar ese nombre para no ser identificado y evitar poner en riesgo su vida y la de su familia.
“Una vez un sujeto bajó de un coche morado y sacó un cuerno de chivo. Empezó a tirar no sé a quién, pero le estaba tirando ahí por el monte. ¿Nosotros a dónde vamos?, ¿dónde nos escondemos?, ¿cómo le hacemos para sobrevivir?”, cuestiona.
Violencia golpea a diario
La violencia en Tijuana se arraigó y, a pesar de los aseguramientos de droga y armas que presumen las autoridades municipales, la calidad de vida de las familias no es mejor.
Las cifras oficiales los reflejan: en 2020 un total de 2 mil 26 personas fueron asesinadas, para 2021 el número fue de mil 974 y en 2022, 2 mil 50.
Mientras la inseguridad golpea diariamente la realidad de las familias, sobre todo de aquellas que viven en las colonias de mayor vulnerabilidad, como Sánchez Taboada, Natura y otras ubicadas en la zona Centro, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, reveló el lunes que ella y su familia tendrían que mudarse al Cuartel Militar Morelos, en Tijuana, debido a amenazas en su contra a raíz de aseguramientos de armas y detenciones de criminales.
Al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano, sostiene que las cifras son contundentes y no reflejan ni una disminución delictiva ni una mejora en la percepción ciudadana. Aun cuando en algún tiempo se redujo el número de homicidios, esa temporada de tranquilidad no fue permanente.
“Que vayan preparando un espacio para 2 millones de personas. La declaración y la decisión son muy desafortunadas porque es muy inapropiado que como titular al frente de la seguridad se acuartelen, mientras la gente sigue en las calles”, lamentó.
Para el también empresario, uno de los principales problemas es que las autoridades no reconocen la dimensión del problema que viven las familias, se sostienen en las cifras que reflejan resultados parciales sin enfocarse en lo que todavía adolece la sociedad, pero, más importante, la falta de voluntad para profundizar en la prevención.
Además de los homicidios, Tijuana tiene un alto número de desaparecidos. Durante las últimas jornadas de búsqueda, encabezadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se han registrado al menos tres ataques con armas, uno de ellos en Tijuana.
Aunque pausaron los trabajos, las familias retomaron las calles para continuar en la búsqueda. Con o sin resguardo policial, se apoyan entre los mismos grupos para crear sus protocolos de seguridad y protección. Para algunos, dice Edy Carrillo, presidente del colectivo Todos Somos Erick Carrillo, no hay más opción.