Coahuayana.— Cerca de 250 alumnos de seis escuelas primarias del municipio de Coahuayana, Michoacán, toman clases en carpas, donde se encierra el calor de la región que llega a 42 grados, haciendo imposible estudiar. “¡Es un horno!”, dicen.
Tampoco tienen un espacio digno para realizar sus actividades físicas, ya que el lugar destinado para esa clase es ocupado por los salones móviles.
Los planteles quedaron severamente dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2022 y no han sido reconstruidos.
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Para muchos de los niños es muy difícil estudiar en esas condiciones, pero para otros la decisión fue desertar porque además, en muchos casos viven en extrema pobreza.
Esos seis planteles educativos públicos quedaron fuera, de último momento, de la lista de 18 escuelas que el gobierno federal tiene que reparar. Nadie sabe explicar el motivo.
EL UNIVERSAL recorrió los centros de estudio siniestrados por el sismo de magnitud 7.7 y confirmó las condiciones en las que se encuentran los estudiantes y docentes.
Burocracia y malas decisiones
El problema de fondo para la reconstrucción de las escuelas es la distribución de los recursos públicos y que, por ley, quedaron fuera para atender este tipo de contingencias las autoridades municipales y estatales.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del gobierno de Michoacán explicó que todo se derivó de la eliminación del fondo de desastres naturales.
A raíz de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fonden y creó, en julio del año pasado, la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR), las reglas cambiaron.
Las nuevas normas limitan la operatividad y aplicación de las participaciones económicas a gobiernos estatales en caso de desastres naturales.
La SCOP explicó que tras el sismo se contabilizaron 84 planteles dañados en los municipios declarados zonas de desastre: Apatzingán, Coalcomán, Chinicuila, Aquila y Coahuayana.
La dependencia estatal puntualizó que la liberación de los fondos para rescatar las escuelas depende de que el gobierno federal haga efectivo el seguro que contrata para todas las escuelas públicas del país.
En este momento, los 114 millones de pesos, que se tiene estimado que se requieren para la reconstrucción de los planteles, están en gran parte en manos de las aseguradoras.
De ese total, la mitad lo aportan las aseguradoras y la otra mitad (57 millones de pesos) le corresponde al estado de Michoacán, explicó la SCOP.
El problema crece porque, de acuerdo con las nuevas reglas de operación, las partidas —federal y estatal— tienen que aplicarse al mismo tiempo, lo que impide al gobierno de Michoacán avanzar en la reconstrucción, en lo que llega el resto del recurso. Por si fuera poco, esos seis planteles, los más afectados en la entidad por el sismo, ya quedaron fuera del listado de obras de reconstrucción por decisión de la Federación.
Estudiar en un horno
Óscar Miguel Gutiérrez Márquez es alumno de la escuela primaria Ignacio López Rayón, de la comunidad El Ticuiz, una de las más afectadas en su estructura.
El estudiante, de cuarto grado, tiene como salón un aula móvil, que es una carpa de lona que les prestó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), instalada en el patio de su escuela.
Durante la clase, el pequeño se muestra inquieto, distraído y enfadado. No logra concentrarse y se dice aburrido porque hace demasiado calor.
“No se sentía como antes porque antes [en el salón de clases] prendías el ventilador y ahora ya no puedes”, se queja el niño.
Cuenta que además es muy difícil concentrarse en las clases, ya que en las carpas entra todo el ruido de las calles: “Cuando nos están explicando algo, se escucha el ruido y no podemos concentrarnos mucho”, explica.
Óscar no está equivocado. Su maestra, Brenda Lorena Escalera Gutiérrez, platica que es su primer año en ese plantel y lamenta que tengan que trabajar y estudiar en estas condiciones.
Narra que después del recreo (10:30 de la mañana), el calor se encierra por las altas temperaturas y las clases se vuelven muy difíciles para los niños.
Las aulas no son el único problema. Las bardas periféricas, al menos cuatro salones, la dirección, el aula de medios, la bodega y los baños —que siguen usando los niños—, están muy dañados o a punto de colapsar.
“Me da miedo que mi hija entre al baño y ya no vuelva a salir, porque se puede caer. Las aulas también están muy dañadas”, expone Maritza López.
El director del plantel, Francisco Manuel Guerrero Sánchez, comparte la preocupación por la integridad de los niños.
“Es complicado trabajar con los niños en una zona de tan alto riesgo, porque en cualquier momento pudieran sufrir un accidente muy grave”, señala.
Explicó que las autoridades ya hicieron el levantamiento de los dictámenes de daños, pero no les han mandado ayuda.
En la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Zapotán, todo el plantel está al borde de derrumbarse.
Aquí los alumnos estudian bajo toldos que una empresa minera les facilitó. Los niños están a la intemperie, entre el polvo, y tampoco les ha llegado la ayuda.
A 20 kilómetros hacia la parte serrana está la primaria rural 20 de Noviembre, de la comunidad El Saucito, una zona de muy alta marginación.
Ese centro educativo fue reportado como pérdida total y, debido a la inestabilidad del terreno, no existe manera de reconstruirla. Un particular y el ayuntamiento ya dieron el nuevo terreno, ahora falta construir una nueva escuela.
En tanto, los alumnos —de primero a sexto grado— toman clases en una casa que les prestó una familia.
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