“Unidos sacaremos adelante a nuestro estado. ¡ Tamaulipas merece más!”, expresó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el diálogo que encabezó este martes con sectores productivos, autoridades y de la sociedad tamaulipeca.
El diálogo se realizó de forma presencial y remota para informar sobre la defensa que realiza el gobierno de Tamaulipas y los integrantes de la Alianza Federalista de los recursos que corresponden por derecho a los estados y municipios más productivos.
Los presentes coincidieron en que para continuar siendo altamente competitivos se requiere de un reparto equitativo de los recursos federales .
“A todas y todos los tamaulipecos: esta lucha que damos hoy en favor de nuestro estado no será en favor de un gobierno o de un gobernador, será en favor de las próximas generaciones”, expresó el gobernador.
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Acudieron presencialmente representantes de los sectores pesquero, rural, transportista, empresarial, obrero, académico, religioso y de la sociedad civil organizada.
Otros tres mil representantes más lo hicieron a través de una plataforma virtual y los ciudadanos interesados en el tema dieron seguimiento a través de las cuentas oficiales del gobierno de Tamaulipas.
El economista Jorge Lera Mejía dijo que “los tamaulipecos no estamos pidiendo limosnas o apoyos, estamos exigiendo lo justo. Este no es un nuevo Pacto Federal , no es cierto que estamos rompiendo la estructura federalista y soberana; los tamaulipecos estamos exigiendo nuestros derechos, un nuevo pacto fiscal, no federal”.
El presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, Julio César Gutiérrez Chapa, expuso que “la realidad que vivimos nos ha llevado a padecer desde hace dos años un trato injusto para nuestro sector. Ya que lejos de observar en el gobierno federal la posibilidad de crecimiento, vivimos un retroceso marcado, debido a que nos hemos encontrado no sólo con obstáculos para el acceso a recursos, sino a la disminución y desaparición de bolsas que durante años fuimos alcanzando, gracias a las gestiones de los integrantes de nuestra cadena productiva”.
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Y respecto a los recortes que la entidad podría sufrir por parte de la federación en diversos rubros, el pastor Jorge Alberto Negrete Martínez, en nombre de los núcleos religiosos de la entidad, mencionó que “Tamaulipas tiene el potencial para continuar creciendo a la par de cualquier entidad del país, pero afectar la educación, la salud, el campo y la seguridad es querer llevar a Tamaulipas a un retroceso y eso no lo debemos permitir”.
Por parte de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), su presidente Alejandro Venegas González, aseguró que la entidad requiere de un presupuesto justo y equitativo para garantizar la cobertura tecnológica que la entidad requiere.
“Tamaulipas necesita urgentemente una cobertura total de norte a sur. Solo lo lograremos uniendo esfuerzos entre el sector privado y el gobierno. Garantizar el internet como un bien básico, hacer realidad la transformación digital y la implementación de nuevas tecnologías”, expresó.
Las autoridades presentaron a los sectores productivos y sociales que Tamaulipas es la segunda entidad del país que más impuestos recauda para la Federación, aportando más de 275 mil millones de pesos anuales y que es el estado mejor evaluado por la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del gasto federalizado.
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A pesar de ello, informaron, de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 , la entidad y sus familias podrían dejar de recibir más de siete mil 200 millones de pesos que afectarán el desarrollo, crecimiento y bienestar.
El gobernador también tomó protesta a los integrantes del Consejo Económico y Social del Estado de Tamaulipas, el segundo en su tipo a nivel nacional, después del de Nuevo León.
Tendrá como objetivo fungir como órgano de consulta del gobierno del estado de Tamaulipas en materia de desarrollo económico y social, promover la participación de los sectores de la sociedad, promover acuerdos de cooperación entre dichos sectores y proponer medidas de carácter jurídico, administrativo y financiero para cumplir con sus funciones.
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