Valladolid, Yucatán.- Por violentar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como la realización de una consulta libre, previa e informada, se suspendió de forma definitiva del proyecto del parque fotovoltaico de Valladolid, reveló el abogado de la asamblea defensora del territorio Maya “Múuch’ Xiinbal”, Flavio Ayuso López.

Señaló que el día 16 de abril pasado se desarrolló la audiencia incidental derivada del amparo número 172/19, donde lograron que se diera marcha atrás a este proyecto que se pretendía instalar en una zona con selva alta, de amplia biodiversidad.

Debido a esto, manifestó que varias comunidades deciden organizarse y emprender una demanda de amparo contra la empresa Ligthing Park y Hinco Solar.

Sostuvo también qué hay autoridades involucradas que consintieron la actuación y la omisión de estas empresas como Sener, INAH, Semarnat y la Comisión Reguladora de Energía, entre otras.

 “Por el momento, el ayuntamiento de Valladolid no se ha manifestado ni ha rendido ningún informe justificado que plantee su postura ante la ilegalidad del proyecto”

, sentenció.

Declaró también que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dice que sí se realizó la consulta, pero, acota, la aplicaron de forma amañada.

Los días que se hicieron las consultas fueron días feriados , donde la comunidad tenía alguna festividad religiosa o cultural, ocasionando que la participación de la gente sea menor”.

Tampoco, dijo, se realiza una traducción o interpretación de este proceso. “Mucho menos les permiten tener a las comunidades asesorías adecuadas para que expresen sus inquietudes con gente profesional. Estas observaciones violentan la Constitución y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

“El juez reveló en su sentencia que no solo se violenta su derecho a consulta y otros tratados internacionales , sino también el derecho a tener un medio ambiente sano. Está todavía un juicio de amparo, y por el momento solo se decidió la suspensión, que si bien es un paso de esperanza para todas las comunidades todavía no es una victoria”, expresó.

El abogado Ayuso López agregó que queda esperar la audiencia constitucional, donde la empresa comenzará a deslegitimar la postura del pueblo maya.

Agregó que la empresa ya había comenzado a desmontar el terreno de 200 hectáreas y en este momento está obligada a detener esos trabajos. “ Que aún sólo haya sido el desmonte de dos o tres hectáreas ya es una afectación” .

Entre otras cosas manifestó que la forma de operar de las empresas de energía limpia es prometerles a las pobladores proyectos comunitarios mediocres e inservibles que no les beneficia para obtener el consentimiento a través de asambleas ficticias o listas de asistencia.

Ayuso López destacó que no están peleados con el proyecto y el progreso, “sino en cómo quieren hacer este progreso. Queremos que se hagan bien las manifestaciones de impacto ambiental, que sean legítimas y viables, donde no se afecte a flora y fauna, y sean hechas de buena fe, así como que los contratos que suscriben las comunidades con las empresas sean justas y donde la comunidad del ejido sea partícipes de esa elaboración de contratos que muchas veces son impuestos” .

Entre otras cosas, Rusel Pabá Ocampo, integrante del colectivo, indicó que los proyectos que se están realizando son a partir de la Reforma Energética del 2013 y que en 24 de diciembre del 2015 se aprueba la ley de Transición Energética en la que se dan luz verde ta solo para Yucatán 21 proyectos de energía limpia.

“De esos 21, tenemos conocimientos de que en los últimos años se aprobaron tres proyectos más,  uno está en  Uayma, un parque solar donde se van a deforestar 990 hectáreas para instalar 1 millón 27 mil celdas solares. En Buczotz se desarrollará un parque eólico que utilizará apropiadamente 2 mil hectáreas, mientras que en Chicxulub, que incluye a la comunidad de Ixil, se ocupará alrededor de 4 mil hectáreas más las extensiones respectivas

”, dijo.

Explicó que la misma ley de Transición Energética menciona en el artículo 19 que es obligación de la Semarnat realizar la evaluación ambiental estratégica en las regiones que sean potenciales factibles para el desarrollo de proyectos de energía limpia, y hasta el momento no se conoce este estudio.

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