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Culiacán.— Alrededor de 10 mil trabajadores sindicalizados del gobierno estatal iniciaron ayer un paro de labores, para reclamar el pago de un adeudo de 80 millones de pesos y la liberación de 100 plazas que están inactivas por jubilaciones y defunciones.
Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas de la entidad, lamentó que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) haya decretado la suspensión de actividades y aclaró que el adeudo data de sexenios anteriores, por lo que se ha buscado poder cubrir el pago.
En cuanto a la liberación de nuevas plazas, no se han activado por cuestiones de austeridad, afirmó.
El funcionario estatal reiteró que los puestos del personal jubilado no se pueden heredar, como pretenden los sindicalizados: “Las reformas a la Ley del Trabajo que datan de 2011 impiden que las plazas sindicalizadas que quedan vacantes por la jubilación del titular en automático pasen a ser ocupadas por sus hijos”.
Externó que existen trabajadores eventuales con varios años de servicio en la administración pública que esperan una oportunidad para obtener un espacio laboral fijo, así como muchos profesionistas que tienen derecho a concursar por ellas.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Gabriel Ballardo Valdez, mencionó que desde el sexenio anterior se acumuló una deuda de más de 80 millones de pesos por cuotas retenidas y no reportadas, relativas al fondo de vivienda, prestamos y el Figlostase.
Sobre las plazas que a su juicio se encuentran vacantes y presupuestadas, puesto que sus titulares se jubilaron, apuntó que la administración estatal se niega a reactivarlas pese a que se han presentado propuestas y candidatos.
El líder de los burócratas estatales negó que estén empeñados a que éstas deben ser heredadas a hijos de sus agremiados jubilados, puesto que se tiene personal con varios años de servicio en la administración pública que busca una plaza sindical.
Ballardo Valdez precisó que no temen a ser víctimas del levantamiento de actas administrativas o descuentos salariales por el paro decretado en la mayoría de las oficinas de la administración estatal, puesto que están ejerciendo presión para que los escuchen.
En las oficinas estatales sólo trabajó personal de confianza.