Más Información
Comisionada Blanca Lilia Ibarra lamenta extinción del Inai; confía en que se asegurará el acceso a la información
Reforma judicial no es una venganza de AMLO: Loretta Ortiz en Con los de Casa; representa elección de la ciudadanía
Un juez federal congeló, por el momento, la entrega del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, al gobierno de Estados Unidos, que busca juzgarlo por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
El juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el ex mandatario y en el expediente número 788/2018 concedió la suspensión en contra del acuerdo que autoriza su extradición.
“Se concede la suspensión de plano para efecto de que el acuerdo de extradición no se ejecute y el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito sólo en lo referente a su libertad personal en el lugar en el que se encuentra recluido”, indicó el juez.
Su entrega no podrá concretarse hasta concluir el juicio de amparo. El ex gobernador fue detenido el 6 de octubre de 2017 por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por peculado y lavado de dinero. Desde entonces permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.
El gobierno estadounidense solicitó su extradición por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operación de un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para realizar fraude bancario.
En marzo pasado, la Cancillería mexicana aprobó su entrega sólo por el primero de ellos y en contra de la opinión jurídica emitida por un juez de Distrito que recomendó no extraditarlo y enjuiciarlo en México.
Estados Unidos señala tanto a Hernández como a su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y un empresario, de crear empresas en el territorio de aquel país para realizar movimientos financieros sin autorización.
Desde 2009 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada inició una averiguación previa en su contra por supuestamente estar vinculado con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Sin embargo, en 2015 determinó el no ejercicio de la acción penal al indicar que no existían pruebas suficientes.