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Tepic.— Los cuatro jueces y seis secretarios de Acuerdos del Poder Judicial de Nayarit implicados en el despojo de aproximadamente 40 mil casas del Infonavit, en al menos ocho entidades del país, fueron suspendidos de sus cargos para evitar que entorpezcan las investigaciones, informó Ismael González Parra, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado.
Señaló que este martes fueron notificados los 10 funcionarios y que se tomó esta decisión después de valorar los indicios notificados por la fiscalía del estado y los resultados preliminares de la investigación que lleva la Secretaría de Vinculación del Consejo de la Judicatura del Estado. González Parra reveló que antes de que la fiscalía les informara sobre las indagatorias que realiza por este caso en contra de los magistrados, secretarios y varios funcionarios del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura inició su propia investigación, luego de que el 28 de noviembre se recibió la queja de una derechohabiente del Infonavit que vive en Chihuahua.
La mujer consideró que un juez del municipio de Xalisco la había despojado de su patrimonio al aceptar y llevar un juicio irregular contra ella fuera de su jurisdicción.
“No tenían competencia los juzgados porque los domicilios de algunos juicios se encuentran en otras entidades, es por ello que la Secretaría de Vinculación del Consejo de la Judicatura inició una investigación en cuatro juzgados de Compostela, Xalisco y Bahía de Banderas”, detalló.
De esta indagatoria se desprende que en un solo expediente se anexaban miles de casos, sin que se registraran en los juzgados para darles curso oficial y ocultar así la trama de este fraude.
“Los jueces estaban de firmones, todas las actuaciones se hacían en el despacho de la parte actora [los abogados que representaban al Infonvit] y luego llevaban todos los documentos para que los jueces sólo firmaran, pero los expedientes nunca se radicaban en el juzgado, por eso los documentos no estaban ahí. Sólo estaban enterados los jueces, los secretarios de acuerdos y los notificadores”, indicó el magistrado.
De esta forma, la red de corrupción sólo necesitó integrar unos cuantos expedientes con miles de acusados para lograr que el Infonavit se adjudicara las casas de los derechohabientes que presuntamente se habían atrasado en sus pagos y después las rematara a 75% de su valor.
La investigación del Poder Judicial establece que además se comprobó que las notificaciones para informar a los afectados del juicio en su contra se hacían en un solo domicilio deshabitado. Otro indicio de la irregularidad de los juicios es el tiempo en que se desarrollaron, consideró González Parra, quien aseguró que se llevaban entre 28 días y tres meses: “Juicios sumarios, diría yo”, opinó.
Por su parte, el Congreso del Estado iniciará el proceso para determinar si procede el desafuero contra estos cuatro jueces y dos magistrados más, a quienes la fiscalía ha implicado en este asunto.
