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Sur de cruces. En Guerrero, 25 asesinatos este año y elevada impunidad

Apenas uno de cada 100 delitos resulta castigado por las autoridades, pese a las reformas al Código de Procedimientos Penales emprendidas desde hace 9 años

Manifestación registrada el 25 de enero de este año en la Avenida Costera Miguel Alemán, la principal vía de la zona turística de Acapulco, Guerrero, contra los feminicidios en la entidad. (Fotos: JAVIER VERDÍN)
08/03/2019 |02:14
Redacción El Universal
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Sur de cruces. En Guerrero, 25 asesinatos este año y elevada impunidad

Largos años

Tuvieron que pasar 10 años más para que en diciembre de 2010 se creara el Artículo 108 bis, que penó el delito de feminicidio.

—Así es, un “bis” es un artículo repetido por segunda vez, una norma secundaria que no es independiente —dice Ojeda Rivera cuando se le pregunta si acaso no se han tardado en reconocer el problema.

Dos años más tarde, en 2012, se agravó la pena. Antes, por matar a una mujer —si un hombre ultimaba a su esposa, por ejemplo— la pena era de seis a 20 años de prisión y con atenuantes. Tras la reforma de 2012 pena se amplió de 20 a 50 años y de 50 a mil 500 días de salario mínimo de multa. Y hasta junio de 2013 el Código de Procedimientos Penales lo consideró un delito grave.

Tuvieron que ocurrir cientos de muertes. Quizá miles. Tuvo que morir Nayeli, Lorenza, Clemencia, Alisson. Tuvo que morir Yaneli, Maruca, Magdalena, Diana, Jéssica. Tuvieron que morir 676 mujeres de 2010 a 2014, según el Ovicom, para que en agosto de 2014 se creara el Artículo 135 que pena el asesinato de mujeres por su condición de género; para que en el Código Penal se pudiera leer una tipificación que definía bajo qué condiciones se comete este delito.

Todavía en 2017 hubo una última reforma al 135 en las fracciones segunda, cuarta y séptima. Se agravó más la penalidad, que pasó a ser castigada con 40 años de cárcel como pena mínima a 60 años como máxima, y multas de 500 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (unos 85 mil pesos).

—Esa batalla ya la tenemos ganada —dice Ojeda Rivera respecto a la creación del 135.

—Las tipificaciones de feminicidios siguen siendo mínimas, ¿a qué atribuye eso?—se le pregunta.

—Los policías, los peritos no siguen el protocolo al levantar las evidencias alrededor de un asesinato de este tipo. Se debe reconocer que hay un déficit de recursos policiales en la materia —asienta.

—Eso hace que algunos penalistas crean que es un sinsentido haber creado la figura de feminicidio, por su bajo índice de castigo; dicen que en todo caso se debió castigar la conducta delictiva, no tanto por el género de que se trate.

—Muchos abogados tienen reticencias. Son de mentalidad cerrada y obtusa. Es muy común. Lo peor es que muchos juzgadores son así. Lo fundamental del Artículo 135 es visibilizarlo. Se trata de homicidios por razones de género.

El abogado penalista Valentín Sandoval es uno de los que defienden esta idea. “No ha cambiado mayor cosa el problema. No importa que se le llame feminicidio u hombrecidio o infanticidio —dice entrevistado en su despacho en Chilpancingo—. No más de uno de cada cien feminicidios son castigados; ese debe ser el punto. No se trata de castigar por asunto de género sino por conducta delictiva”.

Ojeda Rivera va más allá y dice que todos los homicidios dolosos de mujeres debieran tipificarse y castigarse como feminicidios.

Maruca, de 32 años, murió así. Fue en 2018, un mediodía caluroso de abril en Acapulco. Dos hombres se metieron por ella a la primaria donde se refugió en la colonia Renacimiento y se la llevaron. Vendía dulces afuera de la escuela y cuando notó la hostilidad de los hombres se metió al edificio. Tres días después apareció asesinada en los suburbios, con señales de tortura y una manguera introducida en la vagina. Su asesinato no fue tipificado como feminicidio ni hubo detenidos.

Los altos niveles de impunidad son reales. El año que lleva buscando justicia Ángeles Romero Mazón, madre de Magdalena, asesinada en Taxco en 2018, deja claro eso. Sólo que impunidad, dice Ojeda Rivera, no es sólo una palabra que indica que no se castiga al homicida. “Significa negligencia de la autoridad, dilación, falta de registros de ADN de los cientos de mujeres que han sido encontradas en fosas clandestinas y que tal vez nunca se sepa cómo murieron, quiénes fueron. Significa falta de registros de características de ellas.

Significa que las organizaciones decimos ‘tenemos documentados 70 feminicidios en tal periodo’ y las autoridades digan que sólo fueron cuatro”.

Pocas sentencias

Impunidad debe significar también que en 2015 haya habido sólo dos sentenciados y 189 mujeres asesinadas, de acuerdo la Fiscalía General de Guerrero. En 2016 hubo cuatro sentencias y una tasa de 13.4 homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional era de 4.5 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017 apenas un sentenciado y 232 asesinadas; en 2018 hubo cinco detenidos —aún sin sentencia— contra 262 muertes de mujeres de forma dolosa.

—¡Ya sé dónde está! —dice Ángeles a un familiar cercano antes de la entrevista en Taxco. Ángeles se refiere a César, prófugo desde hace un año y con orden de aprehensión. Su pariente mira al reportero, Ángeles hace lo mismo y mejor callan. Días antes de que se supiera dónde estaba Magda, Ángeles pudo ver a su yerno y exigirle que le entregara a su hija. “¡Dónde está mi hija, perro!”, le gritó. Después no lo vio más. Fue doña Silvia, la madre de él, quien tuvo que vérselas con la autoridad y fue hecha presa por complicidad.

El proceso judicial va lento. Y ahora con el nuevo sistema penal acusatorio una persona no puede estar más de dos años en prisión sin recibir sentencia, de lo contrario se ordena su libertad. Eso no lo sabía Ángeles. Supo en cambio que a doña Silvia le ofrecieron un juicio abreviado, es decir, que aceptara su culpabilidad y le darían sólo 10 años por homicidio doloso, aunque también supo que no lo aceptó.

La figura del juicio abreviado existe. La fiscal de feminicidios Marisol Urban Cruz dice que la medida busca no dejar en la orfandad a los hijos, en caso de que haya sido el padre el que matara a su esposa.

—Si los hijos le otorgan el perdón y él acepta su culpabilidad, la pena se puede reducir a 10 años de prisión —indica en su despacho en Chilpancingo.

Lo que preocupa a Ángeles es su nieto, hijo de Magda. Hace énfasis en eso como la única cosa tangible que tiene a diario; en los retos de todos los días, en sus necesidades. El día en que su madre fue asesinada él estaba presente y atestiguó una pelea entre ellos. Luego vio sangre. Sin pregunta de por medio, que resultaría por demás obvia, Ángeles dice que el niño está yendo a terapia con la tanatóloga, porque claro, cómo estaría bien después de todo. Y ahora tendrá que declarar en contra de su abuela, con quien además, comenta Ángeles, tenía una relación estrecha.

—¿Y cuándo será el careo?

—Aún no me dan fecha. Vamos a pedir que el niño esté en una sala separada, en una en la que no tenga que ver a su abuela para que no salga más afectado.
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