Cancún.- Durante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19) , la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO) ha recibido 31 quejas del 15 de marzo al 12 de abril, la mayoría, dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública y al sector salud en Quintana Roo.
Las quejas recibidas crecieron de ocho, en marzo, a 23, en abril. Las razones que dieron pie a su presentación, tienen que ver con situaciones en los filtros o retenes instalados por la policía; los “toques de queda”, literales o de facto; la carencia de insumos para laborar en hospitales, la falta de atención médica; negativa de permisos para ausentarse del trabajo a servidores públicos en situación vulnerable y hasta la no entrega de despensas que gobiernos reparten en algunas zonas del estado.
Por municipio, Othón P. Blanco acumula 17 de las quejas; Solidaridad, seis; Lázaro Cárdenas, tres; Cancún, dos y José María Morelos, Cozumel y Tulum, una.
En Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal, las 17 interpuestas mencionan a 19 autoridades. Entre ellas, figuran seis quejas en contra de la Policía Quintana Roo; dos, mencionan a la Secretaría de Salud (SESA); cinco, al Hospital General; una, a la Secretaría de Educación (SEQ), otra, a la policía municipal; dos, en contra del presidente municipal, Otoniel Segovia; una más, contra el ISSSTE, y una al Tribunal Superior de Justicia Federal.
De las 31 quejas, la mayoría va contra la Policía Quintana Roo o Secretaría de Seguridad Pública estatal, que acumula siete, de las cuales, seis se interpusieron en el municipio de Othón P. Blanco y una en Tulum.
Le siguen con cinco quejas, el Hospital General en Chetumal; el tercer lugar lo ocupan las policias municipales, con cuatro quejas en los municipios de Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco.
En cuarto lugar sitio, los más denunciados son los presidentes municipales, Otoniel Segovia tiene dos quejas encima; Nivardo Mena, de Lázaro Cárdenas, una; y Pedro Joaquín Delbouis, en Cozumel, otra.
El quinto lugar de quejas lo comparten, a nivel federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , con tres quejas, dos en el municipio de Solidaridad y uno en Cancún; y la Secretaría de Salud del estado (SESA), con tres quejas, dos en Othon P. Blanco y una en Tulum.
Le siguen el Tribunal Superior de Justicia federal, con dos quejas, en Othón P. Blanco y Cancún; y con una, la SEQ, en Chetumal; el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas; el Centro de Retención Municipal de Solidaridad; Protección Civil en ese mismo municipio; el DIF de José María Morelos; y el ISSSTE en la capital del estado.
Las quejas interpuestas en contra de la Policía Quintana Roo van por probables hechos violatorios a los derechos humanos, como el ejercicio indebido de la función pública, violaciones a los derechos de la legalidad, la seguridad jurídica, el indebido empleo de la información y la libertad de tránsito y residencia.
El 25 de marzo la CEDHQROO recibió una denuncia en contra de la Policía Cibernética, que exhibió publicamente las fotos de 23 personas que acusó de promover saqueos a través de redes sociales, violentando la presunción de inocencia de los involucrados, sin probar su responsabilidad y violando la protección de datos personales.
Dos días después, en Tulum, se denunció que se llamó al número de emergencia 911 para solicitar el apoyo policiaco y médico para una persona bajo sospecha de portar el Covid-19. La petición no fue atendida, hasta que, después de mucho insistir, fue llevada a Valladolid, Yucatán, en donde dio positivo.
El 28 de marzo, desde Veracruz, el manager de un musico que aparecía como una de esas 23 personas exhibidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Quitana Roo, presentó una queja por la violación al derecho de la legalidad, la seguridad jurídica, así como por el ejercicio indebido de la función pública y el empleo indebido de información.
El manager afirmó que la acusación era falsa y que la foto del músico fue utilizada indebidamente para involucrarlo en hechos falsos.
El 30 de marzo el organismo de Derechos Humanos recibió otra queja, luego de que en el filtro instalado a la altura del C-4, en Chetumal, elementos de Seguridad Pública bajaron del transporte público a personas de la tercera edad, por carecer de su credencial de elector, lo que les impidió demostrar que residían en la ciudad.
El filtro se puso para evitar la entrada de personas ajenas a la capital del estado, al restringir el paso.
El tres de abril se denunció a la Policía Quintana Roo por violaciones al derecho a la libertad de tránsito y residencia, en ese mismo filtro. La persona afectada viajaba de Bacalar a Chetumal para comprar medicamentos y le impidieron el acceso a la capital del estado.
Cuatro días después, una mujer denunció también que le fue impedido el acceso a Chetumal, en ese filtro, bajo el argumento de la contingencia sanitaria.
afcl