Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la celebración del convenio con CAPUFE para la instalación de 8 cámaras LPR, diseñadas para capturar y leer las matrículas de los vehículos, en la vía federal Tres Marías, correspondiente al municipio de Huitzilac, y la vía del Paso Express, un libramiento superior a los 10 kilómetros en Cuernavaca.
El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que con recursos del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) también se cubrirán las vías federales de CAPUFE en los municipios situados en la ruta “Los Volcanes”; la autopista Tepoztlán-Cuautla y el tramo Xochitepec-Caseta, salida a Tequesquitengo.
El propósito es inhibir la acción de la delincuencia organizada y tener mayor efectividad de respuesta ante un hecho delictivo, como el secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo Alberto Escobar, registrado en los límites de Morelos con la CDMX.
En conferencia de prensa, el jefe policiaco también informó sobre la instalación de 42 cámaras LPR en la zona conurbada metropolitana, además de la puesta en operación, capacitación y certificación de cinco técnicos especializados en manejo de drones de alta tecnología con tres equipos.
En la exposición de la Estrategia estatal de seguridad en Morelos, el mando policial dijo que precisamente las cámaras LPR ayudaron a realizar la diligencia judicial en el municipio de Huitzilac en seguimiento a las indagatorias sobre el secuestro de la chef y su esposo.
En el rubro de inteligencia policial, clave en la prevención e investigación del delito, el secretario de Seguridad acusó que el C-5 heredado por la extinta Comisión Estatal de Seguridad no cuenta con las herramientas tecnológicas de nueva generación que permitan sus funciones.
Estas herramientas tecnológicas, resaltó, es parte fundamental de la estrategia nacional de seguridad para fortalecer las acciones en la prevención e investigación del delito, y que de forma primordial coadyuvará con la Fiscalía General de la República y la fiscalía estatal, para que estas instancias de impartición de justicia obtengan órdenes de cateo, órdenes de aprehensión, pruebas periciales, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.
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