Read in English
Santa María Ixcotel, Oax.- En 2012, Darío se integró al taller de sastrería del Centro Penitenciario de Ixcotel, donde se encuentra preso desde hace ocho años y cuatro meses. Ahí aprendió todo sobre la costura y la elaboración de prendas de vestir para el uso de su familia, así como para generar ingresos, también decora bolsas tejidas con plástico que producen otras personas privadas de su libertad.
Ahora, usa sus conocimientos para combatir, desde su reclusión, una pandemia que amenaza al país y, para ello, trabaja junto con otros 24 compañeros en la elaboración de cubrebocas para la población de este y otros centros penitenciarios de Oaxaca, como una medida para prevenir la propagación del Covid-19 entre los mismos internos.
“Nos sentimos satisfechos, porque nuestro trabajo será para todos los compañeros, para evitar un posible contagio. Si en este lugar se llega a contagiar un compañero la propagación es muy fácil, porque nosotros no podemos mantener la sana distancia, necesitamos estar todo el tiempo casi juntos”, expresa Darío.
Según AsiLegal, una organización civil que brinda asistencia enfocada en derechos humanos, Darío tiene razón. La organización advierte sobre la precariedad y las nulas posibilidades de acceso a la salud que tienen las personas privadas de la libertad ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
De acuerdo con este diagnóstico, los penales tienen deficiencias materiales y de higiene en las instalaciones, así como en la atención a mujeres y menores de edad que viven con ellas. Incluso en la alimentación.
Mientras que el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones insalubres y la falta de actividades —identificados en 33% de los centros de reinserción social en México— son factores que contribuyen a la propagación de enfermedades dentro de los centros penitenciarios.
Leer también: “Como perro... lo van a cremar directo”
“Aunado a estas alarmantes cifras, es necesario recalcar que los sistemas de salud estatales no han logrado corresponsabilidad entre las instituciones de salud y los centros penitenciarios, aun cuando está prevista esta obligación en la Ley Nacional de Ejecución Penal desde el año 2016”, indica el diagnóstico.
Darío tiene 33 años y es originario de Santiago Huaxolotipac, una localidad de San Antonio Huitepec, municipio catalogado como de muy alta marginación por la Secretaría de Desarrollo Social (ahora del Bienestar). Como encargado del taller de sastrería del Centro Penitenciario de Ixcotel, afirma que se unieron a la tarea de producir cubrebocas para ser solidarios con sus compañeros.
La meta, dice, es producir 2 mil cubrebocas para la población interna en este penal y cada persona privada de su libertad cuenta con dos de ellos, los cuales son lavables. Actualmente, la población asciende a 948 internos.
El director del centro penitenciario, José Antonio Carballo Vega, agrega que también se van a producir 600 cubrebocas para las personas privadas de su libertad en el penal de Tehuantepec, 800 para el de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 350 para el de Juquila, 500 para el de San Juan Bautista Tuxtepec y 600 para el de Etla.
Esta tarea solidaria se repite en el Centro Penitenciario Femenil Tanivet, donde un grupo de ocho mujeres privadas de su libertad se organizó para la producción de cubrebocas para su protección. Para su elaboración, ellas utilizan dos capas de tela popelina, una abertura en la que colocan pellón, con el fin de que tenga mayor seguridad y elasticidad.
Te puede interesar: Pandemia devuelve la calma a Tepoztlán
En este penal femenil, cuya población asciende a 166 mujeres y seis niños, las medidas de protección, tanto del personal de seguridad y administrativo como de las mujeres privadas de su libertad y sus hijos, iniciaron desde el pasado 12 de marzo.
Paralelamente, se realizó la capacitación del personal de custodia sobre las medidas de protección personal e información sobre el nuevo virus.
Uno de los primeros efectos fue la reducción del personal por tener características de vulnerabilidad, como la edad y enfermedades crónico-degenerativas.
También, se dio como instrucción el uso obligatorio de cubrebocas y el establecimiento de llamadas gratuitas para que las internas puedan comunicarse con sus familiares: “La población ha aceptado bien la implementación de estas medidas”, asegura Ramírez Cruz.
En el penal femenil viven seis niños menores de cuatro años, quienes están recluidos junto con sus madres, además hay una mujer embarazada. A esta población, asegura el director Daniel Ramírez, cada tres días se les hace una revisión médica general para vigilar que se mantengan saludables y descartar cualquier contagio de los menores.
La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) afirma que, hasta el momento, en los 11 centros penitenciarios del estado no se tiene registro de ninguna persona privada de libertad con sintomatología de Covid-19. Tampoco lo presenta ningún miembro del personal operativo o administrativo.
Aun así, el 20 de abril pasado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a las autoridades penitenciarias y de administración de justicia que revisen los casos de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en los diferentes reclusorios, para favorecer su preliberación, como medida para abatir los riesgos que implica la pandemia en la población penitenciaria.
AsiLegal va por la misma vía. Recalca que la pandemia que vive el país aumenta exponencialmente el riesgo que viven las personas privadas de la libertad e incluso, los servidores públicos que laboran en las prisiones. Y sostiene que el Estado mexicano es el único responsable de garantizar el acceso a la salud de estas personas.
“Por ser un derecho reconocido en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Y, por otro lado, por ser imperativo, el derecho a la protección de la salud no puede ser descuidado por el Estado mexicano en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, respecto de las personas que se encuentran privadas de la libertad”, comenta.
Por ello, la organización ha exhortado a las autoridades corresponsables a promover, respetar y garantizar este derecho en el caso de las personas en conflicto con la ley penal, ya que ante una pandemia, siempre hay personas aún más vulnerables.