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Cancún.- Una mujer que denunció actos de violencia física, verbal, psicológica y económica en su agravio solicitó al Congreso de Quintana Roo el inicio de juicio político en contra de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Acacio, por influir en una jueza de instrucción para dictar acuerdos que favorecen al entonces presidente de la Coparmex en el estado, Sergio León Cervantes , ubicado como el agresor.
La víctima es Catalina Castro Meneses, una mujer originaria de Colombia y nacionalizada mexicana, quien se casó con León Cervantes en 2012 y formó una familia con él, en Cancún.
En enero pasado, cuando los actos de violencia que sufrió alcanzaron el límite, lo denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razones de Género y días después solicitó el divorcio, acciones que desataron la cólera del empresario, quien después de amenazarla con hundirla le quitó a su hija de tres años y a su hijo de nueve, además de dejarla en total desamparo, relata a EL UNIVERSAL .
La defensa legal de Castro Meneses, Araceli Andrade, afirma que el empresario ha echado mano de su poder, de sus influencias y de su amistad con la magistrada, quien desde su posición también aprovechó su amistad con Citlaly Padilla Zuñiga, secretaria de acuerdos en funciones de jueza de instrucción en el Juzgado Segundo Familiar Oral de primera instancia, en Cancún, para favorecerlo.
Debido a lo anterior Padilla Zuñiga fue denunciada por tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y abuso de autoridad, presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Andrade Tolama ha solicitado además la separación definitiva de ambas, en los cargos que ocupan, pues considera que debieron excusarse, desde un principio, de conocer y abordar el asunto, al haber un “notorio” conflicto de interés.
“La magistrada Verónica Acacio y Sergio León son amigos y eso no es un secreto, ni ellos lo han ocultado. Ella lo llama ‘compadrito’ en redes sociales, hay fotos en donde aparecen en reuniones y fiestas y luego de la denuncia que la señora Catalina interpuso en su contra, la magistrada salió a defenderlo públicamente.
“Por otra parte, es notorio y quienes litigamos y nos movemos en la abogacía, sabemos perfectamente de la amistad entre Verónica Acacio y Citlaly Padilla, cosa que tampoco es un secreto ni tiene por qué serlo. Tampoco está mal que sean amigos todos, el problema es que se tuerza la ley con base en esa amistad, para vulnerar los derechos de una mujer, de una mamá, de una esposa y de una ciudadana”, subrayó la abogada.
El caso
El pasado 21 de enero Catalina Castro, de 37 años, acudió al Centro de Justicia para la Mujer (CJM) en Cancún y presentó una denuncia en contra de Sergio León, que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación con el número FGE/ QROO/ CAN/ CJM/ 01/ 27/ 2022, con número único de caso FGE/ QROO/ BJ/ 01/ 1164/ 2022.
Ante la autoridad manifestó que durante más de un año y medio había sido víctima de distintas modalidades de violencia. El 24 de enero lo demandó también ante el Juzgado Primero Familiar Oral de Primera instancia, lo que incluyó la solicitud de divorcio unilateral.
El entonces presidente de la Coparmex negó los hechos, admitió que durante su matrimonio “hubo discusiones, pero violencia no” y manifestó que en la historia “hay dos versiones”, pero optó por no hacer pública la suya, bajo el argumento de no afectar a su hija e hijo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Catalina narra que, en principio, se casó enamorada de un hombre al que veía con profunda admiración, que la trataba bien, que la trajo a vivir a Cancún y que se portaba amoroso.
Sin embargo, después de 3 años de matrimonio, León Cervantes comenzó a comportarse agresivo y los episodios de violencia verbal aparecieron para dar pie a los insultos y finalmente a los golpes, sobre todo luego de que él hubiese ingerido bebidas alcohólicas.
Catalina logró registrar algunos de esos actos mediante un celular –registrado a nombre de la empresa de su esposo– que fue destruido por el propio León Cervantes. Sin embargo, ella logró poner a salvo algunas imágenes en donde se le ve con golpes en el rostro y en el cuerpo, así como marcas en el cuello.
A partir de la denuncia y la solicitud de divorcio, León Cervantes le retiró todo apoyo económico a sabiendas de que ella dependía de él y la amenazó con hundirla, haciéndole ver que él era “una persona poderosa”, con todos los contactos a nivel estatal y que ella estaba en la ciudad y en el país, sola, sin nadie.
El 28 de enero León Cervantes subió a sus redes sociales un video rechazando las acusaciones, pidiendo “prudencia y objetividad”.
En paralelo, la magistrada Verónica Acacio compartió en sus redes sociales un mensaje respaldándolo. Luego se le escuchó en un audio filtrado a la prensa, reclamando a la empresaria Inna Germán, quien había solicitado una asamblea al interior de la Coparmex, para deliberar sobre la separación de León Cervantes como presidente del organismo.
El contraataque
El 1 de febrero el propio Sergio León dio a conocer que se separaba voluntariamente del cargo.
La noche del 9 de febrero informó que él había denunciado a su esposa –el 20 de enero– por violencia familiar (FGE/ QROO/ CAN/ FEDCMYRG/ 01/ 68/ 2022) y que el 28 de ese mes también había solicitado el divorcio, asunto que se remitió al Juzgado Segundo de lo Familiar.
La abogada Araceli Andrade señala que esa fue una de las primeras irregularidades del caso, toda vez que Catalina Castro nunca fue notificada de la denuncia en su contra; además, la demanda de él debió remitirse al Juzgado Primero, en donde su esposa había solicitado el divorcio con antelación.
Pero en el Juzgado Segundo estaba Citlaly Padilla Zuñiga, secretaria de acuerdos en funciones de jueza, quien en tan solo seis días emitió un acuerdo que ordenaba a Castro Meneses “desocupar en tres días el domicilio conyugal”, plazo que vencía el 11 de febrero.
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Además, Catalina debía dejar a su hija e hijo en manos de Sergio León, porque a juicio de Padilla Zuñiga, la mamá mantenía en condiciones de “descuido” a los menores de edad, lo cual comprometía su salud emocional y física.
Araceli Andrade afirmó que la actuación de Padilla Zuñiga fue inusualmente veloz; que la juzgadora tomó en cuenta los actos denunciados por el empresario, pero no los de la víctima; y lo más grave, que el acuerdo pasó por alto lo que establece el marco legal.
“La actuación de la jueza no se ajusta a lo que dicta el Código Civil de Quintana Roo, que marca que los hijos menores de 12 años deben permanecer con la madre de manera preferencial, siempre y cuando no represente un peligro para ellos. Y en este caso no se acreditó tal peligro”, manifestó.
El plan fallido y la separación de sus hijos
La apremiante situación llevó a Catalina a tramitar un amparo el 10 de febrero, contra la entrega de los niños y la orden para desocupar su casa. También buscó apoyo consular. Le aconsejaron salir del país con su hija e hijo y aceptó porque el proceso legal podía seguir en Colombia, sin que las influencias de su marido surtieran efecto y ella contando con una red de apoyo mayor, para poder defenderse.
El 11 de febrero salió de su casa con sus hijos y se hospedó en un hotel. Se alistaba para salir de México el 12 de febrero pero recibió la llamada de Sergio León, advirtiéndole que conocía sus planes, que estaba vigilándola y tenía a elementos de la policía en el Aeropuerto Internacional de Cancún para detenerla por sustracción de menores si intentaba abandonar el país.
“Me dijo que iba a llorar lágrimas de sangre, que yo no era nadie y que el de las influencias era él”, relató.
Invadida por el miedo, la mujer canceló el viaje. El 14 de febrero obtuvo de un juez federal la suspensión provisional que establecía que las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban, es decir, ella con sus hijos en su casa.
Quiso volver, pero le fue impedida la entrada. Mostró la suspensión provisional, pero abogados de León Cervantes salieron con una patrulla y se negaron.
“Yo les dije que no podían dejarme en la calle con mis hijos, pero no les importó. Mi abogado (Mauricio Solís), extrañamente, tampoco hizo nada para defenderme. Sergio se tomó posesión de la casa y nos dejó en total indefensión”, señaló.
La mujer tuvo que hospedarse en un airbnb con sus hijos. Para el siete de marzo le fue negada la suspensión definitiva que había detenido la entrega de los menores al empresario.
El 17 de marzo, Catalina llevó a su hija e hijo a la escuela. Horas después, le marcaron para avisarle que debía presentarse en el colegio en donde había abogados, un actuario y personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) .
Los infantes fueron entregados a Sergio León, sin permitirles despedirse de su madre. El niño de nueve años tuvo que ser contenido porque no deseaba marcharse con su padre.
Para el 20 de marzo cambió de abogados y se hizo acompañar de Araceli Andrade, quien consiguió que la jueza Padilla le permitiera ver a sus hijos una vez al mes –sábado y domingo– en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y tener 15 minutos de videollamada supervisada por personal de ese organismo, los miércoles.
Para Andrade Tolama, quien se ha especializado en la defensa de los derechos de las mujeres, Catalina Castro enfrenta “una batalla desigual”.
“Las mujeres no estamos en el mismo piso del que parten los hombres, menos de hombres influyentes como el señor Sergio León, cobijados además por magistradas como Verónica Acacio. Socialmente las mujeres también estamos en desventaja. Más aun siendo ella extranjera, nacionalizada mexicana, pero de origen colombiano. De eso se aprovecha el señor, para vulnerarla.
“Ahora ella ya no le sirve como esposa, ni como mujer, ni como madre y por eso la dejó en la calle completamente, manipulando a las autoridades para torcer la ley en contra de los derechos de esta persona”, expresó.
Catalina exige que se garantice el debido proceso, que las autoridades se conduzcan en apego a Derecho, sin influyentismo.
“Pido respetuosamente que no se violenten más mis derechos como mujer, como mamá y como ciudadana nacionalizada mexicana. Hay un favoritismo evidente que está afectándome a mí, pero también que vulnera los derechos de mis hijos al quitarles la posibilidad de estar con su mamá”, sostuvo.
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afcl
