Cuernavaca.- Integrantes del Colectivo Cuernavaca “Prof. Isaías Cano Morales” ratificaron su solicitud de juicio político en contra de seis de los siete consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), porque se aprobaron un bono de retiro de aproximadamente 1.6 millones de pesos.
La consejera presidente Mireya Galy Jordá, no incluida en la demanda de juicio político porque se opuso al acuerdo de la mayoría, justificó el bono al decir que los consejeros no tienen prestaciones ni seguridad social.
Galy, exactivista del PRD y funcionaria en la administración 2012-2018, declaró a la prensa que los consejeros del IMPEPAC no gozan de protección ni seguridad por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y tampoco por la Ley Federal del Trabajo, además que cumplen con una función por las que reciben un sueldo, pero cuando concluyen con sus periodos no reciben ningún tipo de prestaciones.
En ese contexto, los denunciantes Francisco Radilla Corona, Nicanor Pérez Reynoso, Carlos Garduño Curiel, Héctor Limón Elías y Enrique Sánchez Pineda, pidieron a los diputados someter a juicio político a los consejeros electorales Alfredo Javier Arias, Isabel Guadarrama Bustamante, José Enrique Pérez Rodríguez, Elizabeth Martínez Gutiérrez, Pedro Gregorio Alvarado Ramos y Mayte Casalez Campos, todos del IMPEPAC.
En su texto refieren que el 8 de marzo del año en curso los consejeros se convocaron a una sesión extraordinaria urgente para modificar el artículo 50 Bis de su reglamento interior, con el único fin de aumentarse de un mes a tres meses, por año, la prestación económica o haber de retiro.
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“El aumento que se dieron en su haber de retiro constituye una prestación excesiva que no necesariamente es indispensable para el correcto cumplimiento de la función pública y tampoco inherente al cargo, por lo que a todas luces constituye un saqueo de recursos públicos en perjuicio del pueblo de Morelos.
Es una decisión va en contra de los criterios de austeridad en materia presupuestal que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las leyes relativas aplicables del estado de Morelos”, exponen en su demanda.
Así, piden que el Congreso de Morelos aplique las sanciones correspondientes y, en su caso, acuerde destituir del cargo y dicte la inhabilitación de los consejeros como servidores públicos.
“Que se analice la procedencia del juicio político y que los consejeros sean condenados por violaciones graves al presupuesto de la administración pública estatal.
“Previo los trámites de ley, deberán ser condenados y sancionados, vía juicio político, con la destitución del cargo de consejeros electorales e imponérseles inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, exigen el grupo de ciudadanos.
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