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Oaxaca de Juárez.— El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos , programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó una intervención urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador tras el asesinato en Oaxaca del activista Fidel Heras Cruz.
En la solicitud, dirigida también al gobernador Alejandro Murat y a otras autoridades federales y estatales, pidió realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato de Fidel Heras Cruz.
Lo anterior, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente, independiente e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la Ley.
“La investigación debería priorizar la hipótesis de que estos crímenes sean producto de sus actividades de defensa de derechos humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, apuntó.
El cuerpo sin vida de Fidel Heras fue encontrado el 23 de enero de 2021, con impactos de arma de fuego en el interior de su camioneta a la entrada de la comunidad La Esperanza, municipio de Jamiltepec, en la región Costa de Oaxaca.
Fidel Heras Cruz fue defensor medioambiental, miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec.
La OMCT demandó adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y de Copudevee, así como de todas las personas defensoras de la tierra y el territorio en el estado de Oaxaca.
Así como poner fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la tierra y del territorio, así como en general en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos México.
Y finalmente, incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.
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