San Cristóbal de las Casas.— A un año del desplazamiento de más de 5 mil indígenas tzotziles de sus comunidades, por la disputa de 364 hectáreas de bienes comunales, aún permanecen mil 237 fuera de sus hogares.
En conferencia de prensa, representantes de los desplazados aseguraron que la situación que se vive en Chalchihuitán es “delicada”, porque el problema con sus vecinos de Chenalhó persiste y temen que al regresar a sus hogares sean atacados por los grupos armados que aún siguen en la franja territorial en disputa.
Explicaron que los mil 237 desplazados son originarios de las comunidades Pom, Kanalumtik, Chenmut, Tulantik, Pejeltón, Cruz Cacanam, Vololchojon, Tzomoltón y Cruztón.
Ayer cancelaron la conferencia de prensa que se llevaría a cabo en Chalchihuitán, porque consideraron que las situación es “tensa” y optaron por viajar a San Cristóbal de las Casas.
Ausencio Pérez, vocero de los tzotziles, dijo que la alcaldesa de Chalchihuitán, Margarita Díaz García (PAN), ha confrontado a los desplazados “debido a su cercanía con el gobierno municipal de Chenalhó, de donde proviene el grupo agresor”.
Explicó que estos indígenas van de un lugar a otro, “somos itinerantes debido a que las propias autoridades municipales han generado un clima de rechazo hacia nosotros como desplazados y quienes nos rentan los terrenos en los que nos ubicamos, luego nos piden que salgamos de estos sitios, por presión de las autoridades municipales.
“Es por esta razón que algunas veces los campamentos se tornan simbólicos, porque algunas familias se refugian con familiares o han optado por rentar cuartos para recuperar algunas condiciones de vida, sobre todo para las mujeres, niños, niñas y ancianos. Los hombres salen a trabajar a otras comunidades, municipios y ciudades para traer alimento a sus familias”, destacó.
Comentó que el 19 de diciembre, el síndico municipal de Chalchihuitán, Hermelindo García, y la alcaldesa Margarita Díaz acordaron una reunión con el subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, en Tuxtla Gutiérrez, pero en el evento no permitieron el ingreso de los cinco integrantes del Comité Autónomo de Desplazados.