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Culiacán, Sin.- La minera San Rafael, que opera el corporativo canadiense Americas Gold and Silver en Cosalá, se quejó de que las denuncias por despojo agravado, ataques a la vías de comunicación y a los medios de transporte y robo que presentó judicialmente hace más de cinco meses continúan en la impunidad.
La compañía con sede en Toronto denunció que, bajo falsos argumentos, desde enero fueron bloqueados los accesos a la mina y se paralizaron las actividades, como parte de una disputa ilegal del contrato colectivo de los trabajadores.
Esos eventos le han significado un daño económico de 20 millones de dólares y, a pesar de las denuncias, las autoridades judiciales de Sinaloa no han intervenido, se quejó la empresa.
A más de cinco meses de haber interpuesto denuncias judiciales contra nueve personas, por saqueos y diversos daños a la empresa entre ellos, el delegado del Sindicato Nacional Minero, Yasser Beltrán Kurioca, hasta el momento priva la impunidad.
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En 2016, la compañía con sede en Toronto invirtió 420 millones de pesos en esta mina, ubicada en la comunidad de Higuera Larga, con una proyección de vida productiva hasta 2022. Durante esos seis años, prevé extraer más de un millón de onzas de plata, 50 millones de libras de Zinc y 20 millones de libras de plomo.
Su operación en la zona serrana de Cosalá tiene un impacto económico en poco más de mil 600 familias de la región, que resienten el impacto negativo de su paralización desde el pasado 26 de enero, al igual que los 327 trabajadores de la mina.
La empresa Americas Gold and Silver mantiene su postura de no reiniciar actividades, por no aceptar el laudo que se emitió del recuento de trabajadores, cuyo proceso considera que estuvo viciado y plagado de amenazas e irregularidades para favorecer al Sindicato Nacional Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
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Observó que en este recuento de trabajadores, celebrado en septiembre en la ciudad de Mazatlán, se le otorgó el contrato colectivo al sindicato de Gómez Urrutiaen mediante un proceso viciado de origen, sin condiciones de equidad, en un ambiente de amenazas e intimidaciones hacia los trabajadores.
Los directivos de la minera San Rafael mantienen la postura de no ceder a presiones, ni chantajes, ni mantener una relación sindical con Yasser Beltrán o con los que han participado en el bloqueo, puesto que tienen interpuestas denuncias judiciales contra ellos, las cuales no se resuelven en la Fiscalía General del Estado .
Según la postura de la empresa canadiense, los actos de violencia, saqueo, impunidad y manipulación de las relaciones laborales sindicales, violentan los acuerdos establecidos en el nuevo tratado comercial de Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).
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