El gobierno del estado cuenta con mil 360 millones de pesos para continuar con las obras públicas que realiza el mandatario Rubén Rocha Moya, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como improcedentes dos demandas interpuestas por no pago.
Las demandas son: primera, un amparo para el pago de un Fondo de Vivienda al que nunca se cotizó por aproximadamente 1000 millones de pesos; dos, una demanda de dos abogados de Jalisco por 360 millones de pesos que totalizan 1 mil 360 millones de pesos.
"Como justos" calificó el mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya los fallos, porque consideró que libran a su gobierno del pago de improcedentes demandas.
Además, aseguró que fue "positiva la resolución" que emitió el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ambos casos, porque dijo que de haber prosperado, hubieran obligado al pago de 1 mil 360 millones de pesos del erario público, lo que hubiera reducido la capacidad financiera para continuar con la obra pública, que viene realizando su gobierno en toda la entidad.
“Uno es un tema de Fondo de Vivienda de jubilados, que ya habían determinado que el estado nunca les dio; entonces resolvió la Corte que lo que importa es el Fondo de Vivienda de ahora, nosotros ya tenemos un Fondo de Vivienda para trabajadores del Estado.
"También, había demandas de jubilados de hacía 28 años, y la Corte resolvió que no es obligación del gobierno, porque no se cotizó entonces (ni por los trabajadores, ni por el gobierno estatal), en virtud de no había un fondo en ese tiempo”, explicó.
Y con relación al segundo caso que falló la corte, comentó que se trata de una demanda que habían interpuesto dos abogados de Jalisco contra un despacho al que prestaron sus servicios, el cual, a su vez, fue contratado por el gobierno de Mario López Valdez, y en la demanda exigían el pago de 360 millones de pesos de honorarios de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, como obligado solidario, demanda que no prosperó por infundada.
“El segundo tema es de un despacho de abogados vivales, que según esto le dieron asesoría al gobierno de Malova, se demandaron entre ellos; es decir, estos abogados demandaron al despacho para que les pagaran los honorarios, argumentando que el responsable solidario era el gobierno, y por ello demandaban por 360 millones de pesos”, especificó.
Refirió que este caso fue a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto que iba en perjuicio del Gobierno de Sinaloa, para ordenarle el pago de esos 360 millones de pesos.
“Ya habíamos ganado nosotros un amparo en el Colegiado; sin embargo, por razones desconocidas llegó a la corte; y ya estaba elaborado un proyecto en el que perdíamos nosotros; yo fui a hablar con cada uno de ellos para ver los dos asuntos” afirmó y aclaró que el tema de esos abogados de Jalisco, que pretendía castigar con 360 millones de pesos al gobierno, lo cual ya se resolvió en la corte “y es para nosotros muy importante”, precisó.
Asimismo, el gobernador Rocha Moya reconoció a los ministros y ministras que votaron con justicia, en favor de ambos casos, porque esto permitirá continuar invirtiendo en obras y acciones con sentido social para la población sinaloense.