LA PAZ.- Al cumplirse dos años del homicidio del periodista Maximino Rodríguez Palacios perpetrado en Baja California Sur, no se ha dictado sentencia sobre los presuntos autores materiales, persiste el reclamo de justicia y en opinión de especialistas, la falta de claridad sobre los autores materiales.
El pasado 3 de abril se concluyó la audiencia intermedia (aportación y depuración de pruebas), la cual había sido diferida en múltiples ocasiones, debido a que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) buscaba un procedimiento de juicio abreviado, es decir, una aceptación de responsabilidad y el acuerdo de reparación del daño.
Sin embargo, lo anterior no se logró y dado que el mes de junio próximo se cumplirán dos años del proceso y se vencerá el plazo establecido por ley para dictar sentencia, se avanzó en la siguiente etapa (audiencia intermedia) y se dictó el auto de apertura a juicio oral, que incluye el nombramiento de jueces para integrar el Tribunal de enjuiciamiento.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE)
, Daniel Gallo Rodríguez, informó a EL UNIVERSAL que será a mediados del mes de mayo cuando se lleve a cabo el juicio, sin que se tenga una fecha precisa.
Asimismo, confirmó que son cuatro hombres quienes están imputados por el presunto delito de homicidio calificado, como copartícipes. Y es que inicialmente, refirió, serían cinco hombres; sin embargo, uno de los imputados –quien figuraba como el autor material- falleció durante un motín en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Los Cabos , en diciembre de 2017.
A dos años del homicidio, para el secretario general de Gobierno , Álvaro De la Peña Angulo, el Gobierno estatal cumplió con la familia del periodista y con el gremio periodístico al poner a disposición de la autoridad a los presuntos responsables, y justificó la tardanza en el proceso al “nuevo sistema de justicia penal”.
Con todo, presumió incluso que Baja California Sur es el “único estado” donde se ha logrado “resolver” el homicidio de un periodista.
“Que quede muy claro que en Baja California Sur el que la hace la paga, y seguramente tendremos una sentencia condenatoria…nosotros estamos cumpliendo con lo que se le prometió a la familia, en hacer justicia, y nos sentimos muy tranquilos de que estamos haciendo el trabajo sin distingos y con total apego a derecho”, expresó.
En opinión del abogado Arturo Rubio Ruiz , presidente de la organización civil Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito , la resolución del homicidio y la sentencia hacia los implicados no debió extenderse, sobre todo porque la tardanza –dijo—no fue por cuestiones propias de la investigación, sino porque la Procuraduría estatal buscaba evitar el juicio, a través del procedimiento abreviado.
Añadió que en tanto, las autoridades estatales han dejado en abandono a las víctimas no solo de este homicidio sino de cientos en el estado. “No hay una atención integral. La familia queda en segundo plano”.
Sostuvo que tampoco hay claridad sobre él o los autores materiales, y en tanto no se tenga, no se puede hablar de justicia.
“Va a haber justicia en materia de crímenes contra periodistas cuando se detenga, se procese y se condene a un autor intelectual. Mientras se siga castigando para la opinión pública a supuestos realizadores materiales, no se está castigando el evento, se está justificando ante la opinión pública un quehacer de investigación”, sostuvo.
Max Rodríguez, de 73 años, fue acribillado el 14 de abril de 2017 en el estacionamiento de una plaza comercial, en La Paz, a bordo de su automóvil. Iba con su esposa, quien sobrevivió, aunque tuvo pérdida auditiva. Era reportero de nota policíaca para el blog Colectivo Pericu, y tenía una columna semanal donde abordaba temas de seguridad, justicia y política.
Eliseo Zuloaga, vicepresidente de la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos, dijo que el gremio periodístico demanda garantías para desarrollar la labor con libertad y sostiene el reclamo de que no queden impunes las agresiones a periodistas en la entidad, y mucho menos, dijo, los homicidios registrados, primero Max Rodríguez hace dos años, y apenas en enero pasado, el de Rafael Murua, director de una radio comunitaria, cometido en el norteño municipio de Mulegé.
afcl