Ures.— A 10 años de la contaminación con metales venenosos que provocó la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, miles de personas afectadas esperan aún la justicia prometida en campaña por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es un crimen de lesa humanidad”, sentenció la activista y catedrática universitaria Reina Castro Longoria, al lamentar la falta de interés del gobierno por dar seguimiento a los casos de personas afectadas en su salud, al agua y los pozos contaminados, así como también los perjuicios económicos.
Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del río Sonora.
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El 6 de agosto de 2014, una inmensa laguna de lixiviados procedentes de la mina Buenavista del Cobre, asentada en el municipio de Cananea, se precipitó a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, a consecuencia de una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
Más de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados por las autoridades fuera de las normas ecológicas, contaminaron las aguas de los ríos.
Atravesaron desde Cananea, los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, y se contuvieron en la presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
Más de 22 mil personas de la región del río Sonora resultaron afectadas. Se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado, además de que la población enfermó.
El fideicomiso
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada del derrame, el 11 de septiembre de 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto al gobierno federal, por 2 mil millones de pesos para remediar los daños ambientales y a la salud. Sólo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta el cierre del fideicomiso, en febrero de 2017, sin considerar a los afectados.
En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019 y la conclusión del programa de remediación ambiental.
Algunos de los afectados recibieron pagos únicos de entre 15 mil y 35 mil pesos. Se anunció la construcción de la Unidad de Vigilancia (Uveas, con la participación de la Dirección General de Epidemiología, el IMSS y la Cofepris), con el fin de dar seguimiento epidemiológico y ambiental a mediano y largo plazos; debía trabajar hasta 2029, pero nunca entró en operación.
La construcción de la Uveas, en el municipio de Ures, según constató EL UNIVERSAL, quedó en obra negra. El inmueble que debía ser una clínica para atender a los afectados, hoy en día es una extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).
Tampoco se sabe dónde quedaron los expedientes de más de mil pobladores con daños a su salud.
Al inicio de la emergencia se prometieron 36 potabilizadoras de agua, al paso de los meses disminuyó la cantidad a 29, después a nueve y sólo se instalaron cinco (Arizpe, Baviácora, Ures y dos móviles). Ahora, los pobladores no saben dónde quedaron los equipos.
La reubicación de los pozos no se hizo y el agua sigue contaminada.
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Promesas presidenciales
Han pasado 10 años. No hay plan de remediación a las cuencas hidrológicas ni la clínica de atención a los afectados y tampoco un plan integral de reactivación económica para los comerciantes y prestadores de servicios. Muchos quebraron.
Reina Castro Longoria, la doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que la exigencia es la misma: justicia, remediación y no repetición.
Comentó que, con el tiempo, los activistas se han dispersado por tácticas del propio gobierno.
Insistió en que el gigante minero Grupo México es una amenaza para la humanidad, pues no sólo construyó una nueva presa de jales varias veces mayor a la que provocó el derrame, sino que contamina los mantos, el subsuelo y se lleva el agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, pero no conforme, ahora está secando el río Bacoachi.
Reveló que continúa la contaminación de los pozos que están cercanos al ejido La Victoria, en el municipio de Hermosillo, de donde se distribuye agua a la población.
Castro Longoria dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador les falló, porque ni siquiera inició un proyecto de justicia para el río Sonora que les prometió cuando andaba en campaña.
“Se depositó mucho la confianza en el nuevo gobierno, pero transcurrió sin pena ni gloria”, apuntó.
“No se puede decir que va a resolver todas las megatragedias, pero hubiesen caminado [en el río Sonora], hubiese sido lo más humanamente entendible, pero ni eso. ¿Cuántas veces se le solicitó que fuera? ni una vez puso un pie después de 2018. ¡Adiós!, ya no volvió. Sí vino a Cananea, sí vino a hacer el show de la justicia, del plan de justicia de Cananea, pero ¿en manos de quién quedó?, en manos de la empresa”, expuso la experta.
Agregó que lo que ha hecho Grupo México con los habitantes del río Sonora es un crimen de lesa humanidad.
Reconocen negligencia
El 17 de agosto de 2023, la Semarnat presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora una denuncia penal en contra de Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre, Operadora de Minas e Instalaciones Mineras y/o quienes derivado de los actos de investigación resulten responsables por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, hierro, aluminio, cadmio, cromo, magnesio, plomo, arsénico y vanadio en los afluentes que se conectan con el río Sonora.
Se hizo del conocimiento de la fiscalía que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat determinó que no se cumplieron los programas de remediación presentados por Grupo México y persisten los daños a los recursos naturales.
También se solicitó información a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Nacional Financiera (Nafin) para integrarla a la carpeta de investigación.
La Semarnat refrendó su compromiso de trabajar para “garantizar el derecho a un ambiente sano y el bienestar de las comunidades afectadas por este incidente”.
El 12 de octubre de 2023, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat )reiteró que el derrame en el río Sonora fue por negligencia de Grupo México.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, manifestó que las acciones de remediación que realizó Grupo México luego del derrame no fueron de manera satisfactoria y que este derrame no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1.
Al precisar que este suceso es considerado el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México, la titular de la Semarnat reconoció que los pobladores de la cuenca del río Sonora mantienen su exigencia de justicia, y recordó que en 2021, el presidente López Obrador anunció el Plan de Justicia para Cananea, que prevé: atención médica y medicamentos; bienestar; mejoramiento urbano, y salud ambiental y derecho al agua. Sin embargo, para los pobladores del río Sonora no hay avance y nada de esto se ha hecho realidad.
