Un total de 57 de los 570 ayuntamientos de Oaxaca no comprobaron en qué o cómo gastaron más de 140 millones de pesos que estaban destinados y debieron aplicarse en obras de infraestructura social para beneficiar a la población de dichos municipios, según el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con la revisión que realiza el órgano federal de fiscalización, las obras públicas que debieron ejecutar las autoridades municipales van desde la construcción de infraestructura para facilitar el acceso al agua potable, al servicio de drenaje y letrinas, así como trabajos de urbanización y electrificación rural.
Dichos recursos también estaban etiquetados para obras en colonias pobres, como infraestructura básica de sectores como Salud y Educativo, así como el mejoramiento de vivienda.
De acuerdo con la ASF, la Secretaría de Finanzas estatal transfirió a estos 57 municipios recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, por un monto de 140 millones 247 mil 300 pesos; sin embargo, de ese total sólo se presentó documentación que comprobara y respaldara el empleo de 79 millones 330 mil 900 pesos.
No obstante, aun en los casos en los que los ayuntamientos sí presentaron documentos, las autoridades municipales no acreditaron que efectivamente las obras que debieron realizar estén terminadas, operando y cumplan con los objetivos del FISE 2018.
Las autoridades municipales implicadas en la probable malversación de estos recursos públicos son la de Asunción Cacalotepec, Asunción Ixtaltepec, Chalcatongo Hidalgo, Magdalena Mixtepec, Santiago Pinotepa Nacional, Mesones Hidalgo, San Agustín Amatengo, San Andrés Ixtlahuaca, San José Tenango y Teotitlán del Vale, entre otros.
Según sus objetivos, el FISE es un fondo a través del cual se asignan recursos para obras y acciones que “beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad”.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) indican que en Oaxaca el número de personas que vive en esa situación de pobreza es de 2.7 millones, que representa 66.4% de la población del estado, es decir, seis de cada 10 oaxaqueños la padecen.
Mientras que en situación de pobreza extrema viven al menos 951 mil 848 personas, es decir, 23.3% de la población.
De acuerdo con la ASF, las autoridades municipales no fueron las únicas que recibieron dinero público sin comprobar su destino. También se transfirieron recursos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un importe de 36.7 millones de pesos, donde tampoco se tiene documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Si se suman los recursos transferidos a los municipios y a la CFE sin comprobar, suma un total de más de 177 millones de pesos de los que no se cumplió con la documentación comprobatoria y justificativa, que permitan verificar que las obras o acciones existan y que se ejercieron en los tiempos establecidos por la normativa.
Sobre el tema, el gobierno de Oaxaca, apunta la ASF, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de este organismo, entregó documentación consistente en facturas, contratos y algunos estados de cuenta bancarios y de su análisis; sin embargo, y pese a ello, la ASF concluyó que no es suficiente y que no tiene el orden requerido para su revisión.
Por ello, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad informó que inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente DQDI-B/1089/2019.
“Por lo que se da como promovida esta acción y queda pendiente de aclarar el importe observado”, advierte la ASF.
Agrega que, debido a estas irregularidades, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por más de 177 millones de pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.