La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó, de 1999 a 2019, autorizaciones a seis empresas administradas por los hermanos Miguel y Tomás Zaragoza Fuentes, quienes enfrentan acusaciones de frenar en la entidad el ingreso de nuevos competidores.
La siguiente investigación revela que 12 integrantes de la familia Zaragoza ocupan posiciones de presidentes, vicepresidentes, tesoreros, accionistas y secretarios en cinco empresas de Grupo Zeta Gas —que integra Zeta Gas de Baja California, S.A. de C.V., Baja Gas and Oil de México, S.A. de C.V., Compañía de Gas de Tijuana, S.A. de C.V., Compañía de Gas de Ensenada, S.A. de C.V., y Gas Butano Propano de Baja California, S.A. de C.V.—, así como de una empresa de Grupo Tomza —Gas Silza, S.A. de C.V.—, de acuerdo con más de 90 actas notariadas consultadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Entre 2005 y 2007, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indagó a los hermanos Miguel y Tomás Zaragoza Fuentes por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado del gas, pero no en Baja California, sino en la Zona Metropolitana del Valle de México.
En el expediente con folio DE-08-2005-I, Miguel Zaragoza, quien representaba a 23 compañías de Grupo Zeta Gas, denunció a su hermano Tomás, de Grupo Tomza, y a un conjunto de empresas que presuntamente acordaron acciones conjuntas para la manipulación o fijación del precio de venta al consumidor de gas LP, restringieron el abasto y dividieron el mercado.
Un excomisionado de la Cofece detalló para este reportaje que, en ese momento, los hermanos Zaragoza Fuentes argumentaron no tener ligas entre sí, administrar empresas independientes y estar peleados.
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En ese momento, la comisión no acreditó prácticas monopólicas absolutas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
A 15 años de esa indagatoria en el centro del país, se encontró que las empresas de Grupo Zeta Gas y Grupo Tomza controlan 58 de los 92 permisos autorizados por la CRE en Baja California.
Zeta Gas es el grupo empresarial más diverso que, a través de cinco compañías encabezadas por Miguel Zaragoza Fuentes junto con sus seis hijos, su esposa y su exesposa, controla 27 permisos de la CRE. Compañía de Gas de Tijuana es la empresa que lleva más tiempo operando, pues su primer documento notarial inscrito en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) está fechado en 1946. Miguel Zaragoza y Evangelina López Guzmán, su exesposa, presiden el consejo de administración (ella como suplente).
Al indagar en bases de datos de la CRE, se identificó que esta empresa cuenta con 11 permisos operando.
En tanto, la Compañía de Gas de Ensenada registró un documento fechado desde 1985 y mantiene a Miguel Zaragoza como presidente y su actual pareja, Elsa Esther Carrillo Anchondo, es tesorera del consejo de administración. La compañía tiene 10 permisos vigentes.
La Compañía de Gas de Tijuana absorbió en 2012 a la empresa Zeta Gas de Baja California, que se constituyó en 2007.
Su presidente era Jesús Alonso Zaragoza López, hijo de Miguel Zaragoza Fuentes. La empresa obtuvo un permiso para el almacenamiento de gas.
También, la Compañía de Gas de Tijuana absorbió en 2016 a la empresa registrada con el nombre de Gas Butano y Propano de Baja California, que se constituyó en 1987 y mantenía a Miguel Zaragoza Fuentes como presidente. El negocio logró cuatro autorizaciones de la CRE.
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La razón social recién creada es Baja Gas and Oil de México, que se constituyó en 2016 y que reconoce como representante a Evangelina Zaragoza López, hija mayor de Miguel Zaragoza. La compañía cuenta con un permiso para distribución de gas por medio de ductos.
El otro grupo empresarial es Tomza, donde se ubica la empresa Gas Silza que se constituyó en 1990 y que es presidida por Tomás Zaragoza Fuentes junto con sus hijos Enrique y Tomás Zaragoza Ito, quienes son vicepresidente y tesorero del consejo de administración, respectivamente. Sólo esta compañía controla 31 autorizaciones de la CRE para el almacenamiento, expendio y distribución de gas en el estado.
Al preguntarle a la Cofece sobre el actuar de estas seis empresas, el órgano autónomo respondió que no puede opinar, pues a nivel nacional mantiene dos investigaciones en curso.
En febrero de 2018, la Cofece inició la indagatoria DE-022-2017 sobre prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP.
En marzo de 2019 abrió la investigación DE-044-2018 sobre prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo. La institución antimonopolios informó que las dos indagatorias están en proceso y que se mantienen en el tiempo establecido por la ley para entregar los resultados correspondientes. En tanto, hasta el cierre de la edición de este reportaje, la CRE manifestó no tener una opinión al respecto.
También se buscó a las empresas de la familia Zaragoza. Se envió un correo electrónico al área de mercadotecnia de grupo Zeta Gas y al área de atención a clientes de grupo Tomza solicitando su postura sobre el control que tienen de permisos ante la CRE, pero hasta el cierre de la edición no contestaron el mensaje.
José María Moreno, encargado de relaciones públicas de la empresa Súper Gas, acusa que desde hace tres años su compañía ha intentado entrar al mercado del gas en Tijuana, sin éxito.
La empresa tiene detenidos 10 proyectos para la instalación de estaciones de servicio, en los que previó invertir 100 millones de pesos en la primera etapa y generar 400 empleos directos.
“En Baja California existe un duopolio de muchos años. Silza y Zeta manejan el control de la distribución de gas LP en Baja California”, explica.
Edgar Alan Jaramillo Pérez, abogado de la empresa Blue Propane, señala que ante la Fiscalía General del Estado enfrentan un conflicto para que les liberen cinco de las 10 estaciones de servicio que construyeron en Tijuana, las cuales fueron aseguradas en 2019 derivado de 25 carpetas de investigación interpuestas por Elías Daniel Monroy Ojeda, quien era director de la Auditoría Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente, hoy Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California.
Jaramillo Pérez detalla la tormenta legal que entre 2017 y 2019 sufrió la empresa, pues le fueron interpuestos 87 amparos, 43 denuncias penales del fuero común y 10 del fuero federal, 10 procedimientos administrativos y 10 denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además, actualmente existen cuatro procedimientos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado.
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Víctor Pavón, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, explica que el poder de mercado es un delito y un riesgo cuando las empresas más grandes abusan de su posición de dominio para distorsionar el proceso de competencia y desplazar de manera anticompetitiva a sus adversarios.
El especialista en temas de competencia económica y regulación en México, América Latina y Europa advierte que una industria concentrada lleva a escenarios donde los precios son más altos, existe una mala calidad en el servicio y la cobertura es más reducida, lo que genera un daño social en la economía local o regional.
El gobierno de Baja California y el municipio de Tijuana tienen una empresa favorita a la que le compran el gas. Durante 10 años, Gas Silza, S.A. de C.V., ganó por adjudicación directa al menos 17 contratos con instituciones públicas del estado por 8 millones 237 mil pesos.
Los pagos fueron efectuados con recursos públicos del Instituto de Servicios de Salud Pública, la Unidad de Especialidades Médicas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Psiquiatría del Estado y el ayuntamiento de Tijuana.
El Instituto de Servicios de Salud Pública detalló que, de 2016 a julio de 2020, otorgó nueve contratos a Gas Silza para el suministro de gas LP y gas butano, por un monto superior a 6 millones 115 mil pesos. El contrato más costoso fue el HMI-325/2019, por un millón 320 mil pesos.
Los contratos fueron adjudicados en su mayoría durante la gestión del exgobernador panista Francisco Vega (2013-2019); otros tres fueron asignados directamente por la actual administración del morenista Jaime Bonilla, según una investigación en la que se solicitó a 30 instituciones del gobierno de Baja California y los ayuntamientos informar, vía el sistema de transparencia, sobre los contratos que suscribieron entre 2010 y julio de 2020 con las seis empresas.
De 2018 a mayo de 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) registró en Baja California 57 denuncias procedentes relativas al mal servicio de gaseras; de ellas, 36 se presentaron contra empresas de la familia Zaragoza, que conforman Grupo Tomza y Grupo Zeta Gas.
Esto significa que, en dos años, la familia Zaragoza acumuló 63% del total de demandas interpuestas por ciudadanos contra compañías gaseras que operan en el estado, según información oficial obtenida vía transparencia.
Del Grupo Tomza —de Tomás Zaragoza Fuentes—, la razón social Gas Silza, S.A. de C.V., acumula 18 demandas, lo que convierte a esta compañía con más reclamos ante la Profeco.
Además, de 2018 a marzo de 2020, la Profeco recibió 32 quejas, de las cuales 25 (78% del total) son contra razones sociales propiedad de la familia Zaragoza.
Compañía de Gas de Tijuana acumula 13 quejas; Gas Silza, ocho, y Gas Butano Propano de Baja California, cuatro.
Susana Cazorla, extitular de la Unidad de Gas LP de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala que, en su trayectoria como experta en el mercado del gas, identificó que las autoridades municipales son la primera barrera de entrada a la que se enfrentan los nuevos competidores.
Detalla que las restricciones se imponen con base en reglamentos de uso de suelo, de Protección Civil y de bomberos, cuando la Ley de Hidrocarburos establece que los permisos para operar, y en materia de seguridad, compete a autoridades federales.
Paul Sánchez, director de la organización Ombudsman Energía México (OEM), explica que se tiene identificado que, mediante actos de corrupción, empresas pagan a los actores políticos para que hagan regulaciones a modo para impedir la entrada a nuevos participantes en un mercado.
Respecto al esquema de las seis empresas de la familia Zaragoza Fuentes, el doctor en Políticas Públicas afirma que puede tratarse de un sistema de prestanombres que crean razones sociales para aparentar la existencia de diferentes dueños y diferentes empresas, aunque realmente las controla un mismo grupo de personas.
El pasado 28 de julio el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana aprobó un reglamento donde se regula el uso de suelo para la edificación, instalación, conservación, operación y mantenimiento de estaciones de servicio, plantas de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo que impone restricciones a nuevos competidores, pero no se aplicará a las empresas de los Zaragoza.
En la sesión pública en la que el Cabildo de Tijuana aprobó el reglamento, los regidores Guadalupe Flores y Armando Aragón decidieron abstenerse de votar, porque acusaron que el proyecto se les presentó 24 horas antes y no tenían todos los elementos para emitir un juicio.
El entonces alcalde de Tijuana, Arturo González, quien el pasado 16 de octubre dejó el cargo, negó en entrevista que con este reglamento su Administración pretendiera regular el tema de hidrocarburos que es competencia federal.
En tanto, el pasado 2 de agosto en Mexicali, el Gobernador, Jaime Bonilla, afirmó en entrevista que en su entidad no existen prácticas monopólicas en el mercado del gas.
“No hay monopolio. Yo lo dije desde la campaña, no hay monopolios. Cuando llegamos había vedas, había bloqueos ya legislados por los ayuntamientos, donde no se permitía por diferentes razones, pero el que tenga una prueba que la presente ante el Ministerio Público, al Fiscal”, dijo a este medio.
El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo, reconoció que en la entidad no se ha hecho un estudio detallado que confirme o descarte prácticas monopólicas en el mercado del gas.