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Allende.— Olga Lidia Saucedo, representante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Alas de Esperanza, en el municipio de Allende, contó que hasta el momento las autoridades no les han informado sobre ningún nuevo avance en las investigaciones y detenciones de los responsables de la masacre en el lugar sucedido el 18 de marzo de hace nueve años.
“Todo [sigue] igual, está como antes. Todavía está muy lento”, añadió Saucedo.
La masacre de Allende, Coahuila, ocurrió del 18 al 20 de marzo de 2011. Miembros del grupo de Los Zetas, en venganza porque varios integrantes se llevaron entre cinco y 10 millones de dólares y porque colaboraron con autoridades de Estados Unidos, irrumpieron en el municipio y arrasaron con el pueblo de 25 mil habitantes.
Derribaron casas con maquinaria pesada, mataron ciudadanos y los desaparecieron. Hombres, ancianos, mujeres y niños fueron agredidos, todo bajo la protección y omisión de las autoridades.
“Al recordarlo se vive con un poco de tristeza, por eso necesitamos razón de lo sucedido, que se esté trabajando para encontrar a los culpables”, comentó Saucedo.
La cifra de desaparecidos y asesinados aún es incierta. El gobierno de Coahuila reconoce la privación de la libertad y el posible asesinato de 27 personas.
La investigación En el desamparo, de El Colegio de México, menciona cuatro desapariciones antes de la masacre; 26, del 18 al 20 de marzo, y 12 más hasta agosto de 2012. Otras voces, incluidas las de testigos que han declarado en Estados Unidos, hablan de hasta 300 personas exterminadas.
Según la presidenta del colectivo Alas de Esperanza, de 2010 a la fecha, en la región de los cinco manantiales y otros municipios aledaños, hay un registro de 350 personas desaparecidas.
Inclusive, mencionó que hace una semana, Roberto Sánchez Oviedo, un habitante del municipio de Allende, desapareció.
El último dato que se tiene sobre la masacre en Allende es que la fiscalía de Coahuila ha girado 26 órdenes de aprehensión contra 18 personas, nueve son presuntos integrantes de Los Zetas y el resto, expolicías de Allende.
De las 26 órdenes de aprehensión, se han cumplido 21. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha logrado cinco sentencias condenatorias contra el mismo número de responsables, con penas que alcanzan hasta los 80 años de cárcel.
José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila, afirmó que están en la quinta etapa, es decir, trabajando en localizar a más probables responsables e interrogando gente, por lo que la carpeta sigue abierta.
“Tenemos apodos de gente que pudo haber intervenido, pero no la identidad completa. Seguimos investigando. Es un tema que no está concluido, se han cumplimentado órdenes de aprehensión y están siendo procesados. Están en etapa de conclusión ya para sentencia. Hasta el momento, sólo tenemos sentencias condenatorias”, comentó Herrera.
Informó que la Fiscalía General de la República abrió una averiguación penal, por lo que le solicitaron copia certificada del expediente. Añadió que en diciembre estuvo personal de la FGR intercambiando información y aclaró que en el estado, la averiguación es por secuestro calificado.
No hay temor
Ante los hechos de violencia y ataques a corporaciones, que se suscitaron en 2019 en algunos municipios del centro y norte de Coahuila, entre ellos el ataque al municipio de Villa Unión —a 19 kilómetros de Allende—, Saucedo consideró que no hay tanto temor como antes, principalmente porque han notado que el gobierno y las policías acuden a enfrentarse, y no como en la masacre de Allende, que los abandonaron.
“Está tranquilo a pesar del problema. Pero sí vemos que está lento el tema de las indagatorias”, recalcó Saucedo.
En la investigación del Colegio de México, El Yugo Zeta, se revela que la línea de emergencia en Coahuila recibió, del 18 al 22 de marzo de 2011, 26 reportes de auxilio en Allende y mil 225 de Piedras Negras por distintas causas, entre ellas, para avisar de algunos incendios. Pese a las alertas, ninguna autoridad atendió el llamado. Y por esa omisión, no hay todavía ningún procesado.
Al respecto, el fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, comentó que no hay carpetas abiertas por temas de omisión y dijo que esas llamadas fueron con relación a un mismo hecho, pero que dieron vista a la Fiscalía General de la República para que vean si existe algún tema a investigar. Este 18 de marzo se pensó en realizar una ceremonia para recordar la matanza, pero fue cancelada como medida preventiva a causa del Covid-19.
