Juchitán de Zaragoza.— Exactamente 100 días después de haber enviado una carta de 10 hojas al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que detallaron presuntas anomalías en la Universidad del Papaloapan (UNPA), campus Loma Bonita, perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (Suneo), dos trabajadores de la institución fueron despedidos bajo el argumento de haber cometido injurias, alterado la disciplina y criticado a la universidad.
Fue el 13 de agosto de 2019 cuando cinco trabajadores y extrabajadores de la UNPA se dirigieron al Presidente, como una forma de denunciar presuntos actos de corrupción al interior de la universidad y del Suneo; tres meses después, el 27 de noviembre, los dos empleados activos fueron despedidos ante la molestia que causó su denuncia al Consejo Académico.
El enojo no sólo lo desató la carta, además, Luis Guerrero Cabrera, profesor investigador asociado B, y Florentino Cuevas, chofer B, los trabajadores despedidos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción estatal, lo que la institución consideró como un ataque a las autoridades universitarias.
Según el documento de despido, en poder de EL UNIVERSAL, que emite la UNPA y firma Rubén Jiménez Cervantes como apoderado legal, los integrantes del Consejo Académico consideraron que sus trabajadores tenían la franca intención “de dañar la imagen y perjudicar la reputación de los órganos de gobierno”, al rector, vicerrectores y al abogado general de la universidad.
Eso no es todo. El consejo determinó que era inútil escuchar la defensa de los empleados, pese a que se estipula en su propia normativa, pues consideró que la firma de la carta era suficiente.
En este sentido, Luis Guerrero, quien por 12 años se desempeñó en la UNPA como profesor investigador, explica que no era la primera vez que él y algunos de sus excompañeros exponían su descontento sobre cómo se manejaban los recursos públicos, las horas-clase y el desempeño moral de directivos y profesores afines a ellos. El 24 de abril de 2017 lo hicieron ante el Congreso de Oaxaca, pero no hubo respuesta.
El académico señala que, encontraste, quienes cometen faltas graves, como acosar a las alumnas, son protegidos y premiados “con la recategorización o algún cargo de dirección”.
A un año de su despido y el de Florentino Cabrera, el catedrático lamenta que no se ha tenido respuesta a sus denuncias, ya que la primera contestación que les dio el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue turnar el caso a la propia universidad.
Tras esta primera determinación, y luego de que los afectados protestaron, la denuncia se turnó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal, instancia donde se localiza desde hace un año; mientras que la queja por su despido se encuentra en la Defensoría.
EL UNIVERSAL intentó contactar con la UNPA y el Suneo, pero no obtuvo respuesta.