CUERNAVACA, Mor.- Una joven “enganchada” con oferta de empleo, otra más acribillada al regresar de la escuela de sus hijos, y otra mujer asesinada por su pareja, un hombre de formación militar que no soportó la supuesta infidelidad, pintan el alto riesgo de ser mujer en Morelos , el marcado machismo de un sector de la sociedad y la negligencia oficial en programas de prevención del delito y, sobre todo, de persecución del delito, afirma Juliana Quintanilla, fundadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos , cuyo organismo documenta el fenómeno del feminicidio desde el año 2000.
Desde el inicio de este año el delito abraza con mayor fuerza a Morelos y hasta la noche del lunes las organizaciones civiles registraban 27 crímenes violentos de mujeres.
Su línea creciente fue tema en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador , el 25 de marzo pasado, y según los datos de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, en Morelos va “bien la erradicación de este delito”.
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Como dato de refuerzo aportó que de marzo de 2020 a febrero de 2021 se tuvieron 35 feminicidios, y para el mismo periodo, pero de marzo de 2021 a febrero de 2022 se contaban 19 crímenes violentos de mujeres.
Los siguientes días, sin embargo, los feminicidios aumentaron a 27 y eso obligó tanto a la Secretaría de Gobierno, responsable de la prevención del delito, como al fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, a buscar por separado reuniones con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ( Conavim ) para la atender el tema de manera urgente.
El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, dijo que la violencia familiar que no se denuncia, la carencia de empleos para las mujeres y la falta de capacitación de elementos policiales son los principales factores que motivan la violencia feminicida. Si combatimos y atendemos esos factores bajará la incidencia delictiva, aseguró el mando policial.
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Tres desgracias
Evelin Afiune cursaba el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial cuando decidió buscar empleo. Un hombre la citó el jueves 24 de marzo a las 10:00 horas en el Italian Coffee de la Alameda de Cuautla, oriente del estado, para hablar de un empleo. Dos horas después, conforme a datos preliminares, el hombre y Evelin salieron de la cafetería, abordaron un taxi y se dirigieron hacia el negocio Mens Barbershop, situado sobre la calzada Santa Inés de la colonia ampliación Emiliano Zapata.
En ese sitio, conforme a fuentes extraoficiales, el hombre atacó a Evelin y le causó la muerte. Por la madrugada sacó el cuerpo en bolsas plásticas, lo llevó a un apantle que corre al lado de la colonia y lo lavó para después volverlo a meter a las bolsas plásticas y arrojarlo a un costado del mismo cuerpo de agua, pero a una distancia de mil metros de la barbería, cerca de un conjunto habitacional de casas de interés social.
El cuerpo sin vida lo trasladó en un diablito y todo fue captado por las cámaras de video de las casas habitación. De acuerdo con las investigaciones ministeriales el homicida estaría refugiado en los estados de Puebla, Tlaxcala o Hidalgo.
El video presuntamente corresponde a la madrugada del 25 de marzo pasado, un día después de trascender la desaparición de la joven, y su cadáver fue localizado la tarde del 26 de marzo pasado.
Días después personal de la fiscalía contra los feminicidios en Morelos cateó la barbería y encontró elementos suficientes para confirmar la estancia de Evelin en el lugar, y algunas pruebas que ayudaron a identificar al autor material.
El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que la trata de personas es la principal línea de investigación que se sigue en ese feminicidio . La red, dijo, opera en Puebla y probablemente en Veracruz.
El crimen de Guadalupe, Lupita como le llamaban, fue perpetrado el 1 de abril cuando regresaba de dejar a sus hijos en la escuela y se dirigía a su casa. Varios sujetos que viajaban en una camioneta se le emparejaron y la mataron a balazos a la altura de los arcos del poblado de Chiconcuac, municipio de Xochitepec, una de las ocho demarcaciones del estado con Alerta de Violencia de Género (AVG).
Cinco días después la muerte apareció en la casa de una mujer de 28 años de edad en el municipio de Jojutla. Su pareja sentimental llegó a su casa justo cuando la joven departía con dos jóvenes, de 18 y 17 años. En la casa encontraron bebidas embriagantes.
El hombre de formación militar, identificado por las autoridades como “El Guacho”, sacó un arma de fuego y disparó primero contra la mujer y después mató a los jóvenes que intentaron huir.
Dos décadas de omisión
En la década de los 90 los integrantes de la CIDH de Morelos siguieron de cerca el fenómeno social de Las muertas de Juárez, y con ese antecedente vieron que pasaba lo mismo en el estado. Para 2003 presentaron un primer informe y varios de sus compañeros y el entonces gobierno del PAN (2000-2006), descalificaron el trabajo y dijeron que estaban exagerando el tema.
Siguieron documentando y junto con otros nueve estados colaboraron en la integración de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y después pidieron la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, hasta que en agosto de 215 lograron el objetivo para ocho de los entonces 33 municipios.
A la distancia, dice Juliana Quintanilla, los gobiernos en turno han sido omisos en atender las medidas de la AVG en seguridad, justicia, educación, salud, entre otros. “La alerta es coordinarse entre autoridades municipales, estatales y federales para hacer gestiones rápidas, así como se actúa para enfrentar una pandemia. Los gobiernos con AVG deben hacer una conferencia de prensa e incluir leyendas como ‘Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres ’. No sirve solamente festejar las fechas alusivas a los derechos de las mujeres”, afirma la activista.
Con esa experiencia afirma que ninguno de los cuatro gobiernos estatales ha sido responsable en combatir el flagelo, y por el contrario sus secretarios, comisionados de seguridad, así como sus procuradores y fiscales han dado muestras de negligencia y omisión en la materia.
“Hasta ahora no hay una intención de todos los gobiernos en turno de atender el tema. Lo han visto como ‘lo feo que nos tocó’ y ni siquiera lo voltean a ver”, dice.
Este antecedente histórico ilustra el fenómeno en Morelos y lo coloca en primer lugar nacional en incidencia, con 27 casos en lo que va del año. La cifra disminuye a menos de cinco si se consideran los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Propuesta
Frente a la presión social que organizó una marcha para exigir justicia por las mujeres víctimas y reprobar los trabajos de la FGE y la CES, funcionarios estatales junto con la Conavim, el ayuntamiento de Cuautla, el Instituto de la Mujer y el Congreso local, se reunieron para establecer las bases y obtener una agenda especial para la atención de la Alerta de Violencia de Género.
Por su parte los titulares de la Conavim y de la FGE también se reunieron por separado para valorar las diferentes acciones y dar seguimiento a casos registrados en el estado.
La posición de la CIDH, sin embargo, va más allá de encuentros y discursos. “Lo que tenemos que hacer es frenar la violencia institucional y para ello proponemos modificar el Código Penal para sancionar penalmente, porque de forma administrativa no sirve, a los funcionarios omisos, negligentes, que no quieren atender las causas visibles de la violencia. Eso sería un buen mensaje de cero tolerancia, afirma Juliana Quintanilla .
La segunda semana de abril pidieron entrevista con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque los datos que ofrecieron en la mañanera del 25 de marzo fue de errores.
“Imagínate mencionar al municipio de Huitzilac con Alerta de Violencia de Género , es de risa, para no decirte más cosas. ¿Cuándo ha estado Huitzilac en ese grupo de municipios?”, dice de forma irónica.
El secretario debe conocer lo que pasa en la entidad y atender la situación de lo contrario va a recurrir al discurso de “es que no sabía eso”, sugiere la activista morelense.
