La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Durango, informó que se condenó a 13 años de prisión al exsubsecretario de Egresos del Estado, José Alberto Bustamante Curiel a 13 años de prisión después de que se acreditara su culpabilidad en hechos de corrupción tipificados en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado.
La Fiscalía mencionó que esta condena se dio después de celebrarse un juicio oral donde se presentaron las evidencias del agente del ministerio público anticorrupción. Además de los 13 años de prisión también se condenó al pago de una multa de 90 mil 061.82 pesos y la reparación del daño por la cantidad de 3.7 millones de pesos.
Según la denuncia presentada por la secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, Bustamante Curiel, en ejercicio de sus funciones como subsecretario de Egresos y estando acreditado para efectuar movimientos en la cuenta bancaria de la administración estatal 2016-2022, llevó a cabo los trámites correspondientes para que se realizara un retiro en efectivo por la cantidad de 3 millones 700 mil pesos, sin justificación alguna de carácter oficial.
El acusado fue detenido el 5 de enero de 2023 en Guadalajara, Jalisco, como resultado del trabajo coordinado entre las fiscalías generales y fiscalías anticorrupción de los estados de Durango y Jalisco.
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La misma Fiscalía Anticorrupción informó que la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción detuvo a Rubén “N”, quien fuera secretario de Educación del Estado durante el periodo 2016-2022, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, cometido en agravio de la Administración Pública Estatal, según se hace constar la denuncia presentada por la secretaría en el año de 2023.
El agente del ministerio público especializado solicitó al Juez de Control y Enjuiciamiento la orden de aprehensión en contra del exservidor público, misma que fue otorgada y cumplimentada. El ahora detenido ya se encuentra a disposición del juez que requirió su comparecencia a fin de determinar su situación jurídica.
Según se hace constar en la investigación, el exfuncionario de primer nivel en la pasada administración efectuó la contratación indebida de un despacho de servicios profesionales, al que hizo un pago de 1 millón 390 mil pesos con cargo a la institución que representaba, sin haber recibido el objeto del contrato.
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