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Ciudad Victoria.—La Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE) investigan un contrato para la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Tampico, Madero y Altamira, por posibles actos de corrupción en los cuales estarían involucrados ex funcionarios de las dos administraciones estatales anteriores.
El gobierno del estado ordenó una investigación a raíz de la denuncia que presentó el actual gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de la zona conurbada, Adolfo Manuel Cabal Ruiz, ante la ASE.
Los antecedentes del caso se remontan a agosto de 1995, cuando se realizó el contrato de prestación de servicios para construir dos plantas de tratamientos de aguas residuales, entre la empresa Desarrollos Hidráulicos de TAM S. A. de C. V. (DH TAM, S.A. de C.V.), la Comapa de la zona conurbada y el gobierno estatal, como garante y deudor solidario.
Dicho contrato incluyó la construcción, operación, equipamiento y la aportación de tecnología para la operación de las plantas de tratamiento Tierra Negra, en el municipio de Madero, y Morelos, en Tampico.
De acuerdo con documentación de acceso público, referente a la planta de tratamiento Tierra Negra, se indica textualmente que este proyecto es una obra de beneficio social, que “forma parte de un plan parcial de saneamiento de la zona conurbada”.
Actualmente las instancias correspondientes se encuentran investigando las condiciones en que se firmó dicho contrato, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la ASE, Jorge Espino Ascanio. Las principales irregularidades que se han detectado tienen su origen en modificaciones realizadas en los últimos 8 años, es decir, estarían involucrados ex funcionarios de las anteriores administraciones estatales.
También informó que se indaga la relación con la empresa a la que se otorgó la obra y el Grupo Financiero Interacciones.
El contrato fue asignado mediante adjudicación directa, y según la denuncia, ha tenido efectos financieros negativos para la Comapa, porque sus modificaciones consecutivas al convenio derivaron en un incremento de 664% del monto original del contrato de servicio de la empresa TAM S.A de C.V, que originalmente era de 144 millones 405 mil pesos, el cual se elevó a un monto superior a los mil millones. Según fuentes cercanas a la comisión, las plantas sólo funcionan a 65% de su capacidad.
En el 2009 se realizó la primera modificación al contrato original, en septiembre de 2010 y septiembre de 2012 se realizaron la segunda y tercera modificaciones, en octubre de 2014 y enero de 2015 se realizaron la cuarta y quinta. Éstas implicaron incrementar el costo inicial de la obra más los intereses, y se estipulaban condiciones desfavorables para la COMAPA.
Espino Ascanio admitió la existencia de la denuncia y las investigaciones, dijo que están trabajando al respecto desde el año pasado, y que se trata de dos plantas tratadoras de aguas residuales que fueron contratadas en diferentes momentos, “y de esa contratación se derivan una serie de irregularidades”.
Al ser cuestionado sobre lo que se ha encontrado, dijo que “hay un sinfín de irregularidades, desafortunadamente dentro de ellas unos convenios modificatorios a lo que fue la contratación inicial del servicio, y que en los mismos no hemos encontrado algún sustento legal”.
Asimismo, añadió que “en el momento que tengamos ya toda la información que corresponde como auditoría, nosotros estaremos entregando nuestro informe a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para que se prosiga con las sanciones administrativas a funcionarios, situaciones penales o lo que en su caso se presente”.
