Tijuana.— Para el Comité de Participación Ciudadano (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez fue negociada entre la fracción parlamentaria de Acción Nacional (PAN) y Morena cambio de los titulares del Tribunal Anticorrupción, la Auditoría Superior en Baja California y otros posibles cargos claves en la función pública.
Desde la semana pasada, los cuatro miembros ciudadanos que integran el comité advirtieron que había una intención por parte de los diputados para elegir al auditor superior sin tomar en cuenta su opinión pero, además, con la intención de elegir a un personaje cercano a la actual administración del estado, Carlos Montejo, quien pese a las quejas, finalmente fue elegido.
El mismo día que 21 diputados aprobaron la derogación del artículo Octavo del decreto 112, que amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, también resultó electo Montejo como el responsable de investigar el gasto público del estado, quien es panista y también trabajó en el actual gobierno, al que deberá investigar.
Pero su elección no fue una casualidad, advirtió Jorge Topete, integrante del CPC, Montejo fue elegido porque conviene al actual gobierno estatal. La lectura es que el costo político fue el resultado de la sesión extraordinaria del lunes pasado en el Congreso de Baja California, cuando con el apoyo de nueve diputados panistas se aprobó la reforma a la Constitución local.
“Desde el viernes pasado Ernesto Ruffo [exgobernador panista] ya decía que cuidado con la negociación que se estaba haciendo en el Congreso, porque a cambio del auditor se negoció la ampliación [del mandato]. Montejo es de afiliación panista, trabajaba en la Auditoría Superior y Secretaría de Planeación y Finanzas”, lamentó.
Pero no sólo se trata del auditor superior, ya que el abogado Iván José Curiel Villaseñor fue nombrado primer magistrado anticorrupción en Baja California. Él mantiene una relación cercana con dos diputados priistas: Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.
Topete dijo que el Comité de Participación Ciudadana impugnará la elección del magistrado y del auditor.