El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ubicó como uno de los probables responsables de ordenar la disuasión de la protesta de feministas, a balazos , al director de Seguridad Pública de Cancún, Eduardo Santamaría , con la participación de otros agentes de la corporación y pidió a la alcaldesa , “Mara” Lezama , el cese inmediato de los elementos involucrados, en tanto se deslindan responsabilidades.
“La información con la que contamos en este momento, refiere que el director de la policía municipal de Benito Juárez, Cancún, Eduardo Santamaría , dio la instrucción de disparar al aire para dispersar a los manifestantes que intentaban invadir las oficinas de la presidencia municipal, con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban”, dijo.
En un mensaje transmitido en la víspera, el mandatario estatal dijo que dio la instrucción personal al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella , de que no se reprimiera ninguna de las protestas anunciadas en todo el estado, lo cual había garantizado a representantes de la Red Feminista de Quintana Roo, en Cancún , durante la mañana.
“Dichas instrucciones fueron cumplidas cabalmente en las manifestaciones que se dieron en todos los municipios del estado, incluidas las oficinas de la Fiscalía General en Cancún.
“Las investigaciones confirmarán si el secretario de Seguridad Pública dio la misma instrucción al director de la Policía Municipal, respecto de los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de Cancún . En caso de no haberlo hecho, tengan la seguridad de que actuaré con contundencia”, advirtió.
Luego de que la presidenta municipal responsabilizara a la policía estatal de la represión -al recordar que en Cancún opera el Mando Único coordinado por Capella Ibarra- el ejecutivo del estado subrayó que “no es tiempo de echar culpas, ni de evadir responsabilidades”.
Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos , consideró fundamental investigar el operativo, puesto que las autoridades civiles señalaron que habian girado instrucciones explícitas de no agresiones y no usar armas.
También consideró que las agresiones a periodistas debían ser igualmente esclarecidas, lo mismo que la detención de manifestantes y el hostigamiento a personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO).
“Las autoridades deben respetar, proteger y promover el derecho a la manifestación . No debe hacerse uso de armas letales en protestas pacíficas. La policía debe regirse por principios de uso de la fuerza que incluyen la necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tóh Euán , condenó el uso excesivo de fuerza usado por la policía local e informó que luego de los disturbios y la represión a tiros, se atendió a seis personas en inmediaciones del Palacio municipal, así como a las ocho personas detenidas en las instalaciones de Seguridad Pública, mismas que fueron liberadas anoche.
Además, el organismo contactó con familiares de una periodista que resultó herida de bala durante las manifestaciones, para brindarle la atención correspondiente.
“Si bien esta comisión todavía tiene que realizar una investigación exhaustiva que derive de la interposición de quejas por la situación en el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Comisión de Derechos Humanos reprueba todo tipo de uso excesivo de la fuerza pública, por lo que en caso de acreditarse violaciones a derechos humanos se emitirá la recomendación correspondiente”, dijo.
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