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.- Senadores del PRI solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un informe de antecedentes y detalles sobre la ampliación del gasoducto que va del municipio de Jáltipan, Veracruz, al municipio de Salina Cruz, en Oaxaca, operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural.
También solicitó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para que dentro de sus atribuciones inicie un proceso de consulta previa, libre e informada, para que no se vulneren los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de un punto de acuerdo, los senadores priistas explicaron que en el año 2015 la Secretaría de Energía de México lanzó un plan quinquenal en el que se destinaron 643 millones de dólares para la ampliación del gasoducto Jáltipan-Salina Cruz.
Pero la revisión más reciente del plan, dada a conocer en 2020, indica que la ampliación del gasoducto deberá tener capacidad de 320 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión estimada de 435 millones de dólares y un plazo de desarrollo de tres a cuatro años.
Recordaron que en junio de 2019 se realizó el encuentro “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se anunció la necesidad de suministrar gas natural a la zona sur-sureste del país, ante la llegada de diversos proyectos detonadores a la región.
El gasoducto ampliado llevaría gas natural para exportación a través de un nuevo centro de licuefacción de gas.
Al mismo tiempo, también abastecería la refinería de Salina Cruz, el proyecto de la central eléctrica de cogeneración Salina Cruz de 812 MW, un nuevo puerto de gran calado para atender a grandes petroleros en Salinas del Marqués y 10 parques industriales a lo largo del Corredor Interoceánico.
Así como un corredor ferroviario rehabilitado, programado para estar listo en el 2023 y que cruzaría el istmo de Tehuantepec desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico.
“A partir de entonces, la CFE avanzó en los trabajos de ingeniería financiera en busca de socios y, conjuntamente con el Corredor Interoceánico, abrieron las puertas para nuevos proyectos de desarrollo vinculados al gasoducto. La construcción de ese gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y 270 kilómetros de longitud pretende cruzar la estrecha franja del Istmo de Tehuantepec”, apuntaron.
Mencionaron que de acuerdo con la convocatoria emitida por CFE Energía, lanzada desde finales de agosto de 2021, además del ducto para transportar 500 mil millones de pies cúbicos (MMPC) de gas natural, se construirá esa planta de licuefacción para convertir el gas en energía y ofrecer una capacidad inicial de 430 MMPC, así como una terminal marítima promovida por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) .
Esto se suma a los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis) o parques industriales que contempla el corredor y que requerirán del gas natural.
Sin embargo, los priistas señalaron que las comunidades indígenas insisten en que, desde el inicio, ninguno de los proyectos del Plan Transístmico ha contado con la aprobación de los pueblos, pues no hubo un genuino proceso de consulta, y con el gasoducto se repiten los mismos vicios, no consultan y tampoco piden permiso.
“Miembros de dichas comunidades afectadas señalan que los trabajadores de la compañía Temura, contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingresan a las parcelas ejidales y colocan señalamientos con las coordenadas por donde supuestamente pasará el gasoducto.
“Desde octubre del año pasado, la División Energía de la CFE contrató los servicios de la consultora Temura para que recorra las comunidades y busque convencer a las autoridades ejidales, con el propósito de que faciliten los permisos y realicen en sus parcelas estudios de topografía y mecánica de suelo”.
Los senadores también afirmaron que los campesinos han optado por impedir el paso o en su caso expulsar a los trabajadores de la zona y hasta el momento tampoco se ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante Semarnat, por el proyecto del gasoducto.
“Las comunidades indígenas han manifestado que no disponen de suficiente información del proyecto, no saben en qué los beneficiará la construcción del gasoducto y que consideran que representa un peligro para la vida de sus comunidades”, afirmaron.
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afcl
