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Cancún.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) , serán denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por permitir a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC) , conocida comercialmente como Aguakán , el incumplimiento del contrato de concesión para brindar el servicio de agua potable y saneamiento en esta ciudad y en los municipios de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad.
La empresa, que enfrenta juicios con el gobierno del estado, fue ubicada por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) como la segunda con el mayor número de quejas en la entidad , con dos mil 500 reportes en contra en 2018 y más de 700 en este año; es señalada por incumplimiento de obras, ausencia de mantenimiento y operación de plantas de tratamiento y ha sido denunciada por la presunta descarga de aguas residuales, a través de pipas.
Este lunes, la senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , Marybel Villegas Canché, anunció que, ante la suma de irregularidades en que ha incurrido la compañía, presentará en 10 días una denuncia penal ante la FGR, en contra de los organismos operadores que han sido omisos en hacerle cumplir los términos de la concesión.
“Tanto CAPA como Conagua han sido omisos y han permitido los atropellos y ecocidios de Aguakán en el estado, sin sanciones. Teniendo suficientes elementos para revocarle la concesión, lo han evitado, con el pretexto de que habrá penalizaciones, pero eso es un mito. No hay tal. Ellos no han cumplido y ese es motivo de revocación del contrato o contratos.
“Creo que el gobernador, Carlos Joaquín, se ha visto muy tibio y hasta se ha prestado a malas interpretaciones”, indicó, para luego admitir que el gobierno estatal promovió un juicio en contra de la concesionaria, la cual se amparó en un juzgado radicado en la Ciudad de México, desde el 2017.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora por Quintana Roo informó que también solicitará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) , la realización de una auditoria financiera a Aguakán , para esclarecer su manejo y el cumplimiento en el pago de impuestos.
Además, reveló que, en próximos días, las alcaldesas de Solidaridad, Laura Beristain y de Cancún, “Mara” Lezama, respectivamente, solicitarán formalmente su salida del consejo técnico consultivo, encabezado por el ejecutivo estatal e integrado por las y los 11 presidentes municipales.
Villegas Canché explicó que del millón 200 mil pesos que la empresa gana anualmente por la concesión de Cancún y los 800 millones que recibe del municipio de Solidaridad, está obligado a entregar el 10 por ciento a los ayuntamientos, lo cual no sucede.
“Las ganancias de esta empresa son enormes. En los últimos cinco años han recibido unos cuatro mil 434 millones, 287 mil pesos, aproximadamente. Esto de Aguakán es el negocio dorado”, expresó.
Uno de los temas más graves, subrayó Villegas, es el de la contaminación por aguas negras, pues de las ocho plantas de saneamiento de agua que maneja la empresa, sólo funciona una; añadió que existen videos aportados por la propia ciudadanía, que evidencian cómo las pipas de agua descargan aguas negras, lo cual puede impactar directamente en los cenotes.
La senadora recordó que después de su visita a Tulum y a Playa del Carmen, en Quintana Roo, el 24 y 25 de junio pasados, el presidente de la República , Andrés Manuel Obrador , dio a conocer que solicitó solucionar las irregularidades denunciadas en contra de la concesionaria y encargó el tema a la alcaldesa de Solidaridad -en donde recibió un expediente con las quejas- y al propio gobernador.
“Con todo respeto a su soberanía, pero les pedí que ayudaran y que iba a intervenir el gobierno federal; es un compromiso adquirido, voy a esperar un tiempo para que las autoridades locales actúen”, dijo López Obrador, en una de sus “mañaneras”, posteriores a la visita al estado.
La morenista enfatizó que otro elemento que se mantiene en la impunidad, es el destino de los más de mil millones de pesos que Aguakán pagó al gobierno del entonces gobernador, Roberto Borge, por intervenir para que los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, renovaran anticipadamente la concesión, hasta el 2053, sin contar con que el servicio fue privatizado también en Solidaridad.
Añadió que las tarifas, que calificó como “excesivas e impagables”, serán revisadas por la Legislatura local entrante, con la intención de reducirlas.
afcl
