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Cancún, Q. Roo.- El Senado de la República acordó enviar un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para fiscalizar los recursos manejados por el gobierno del estado para atender el recale masivo de sargazo a playas del Caribe Mexicano , durante el 2018.
El punto de acuerdo fue aprobado durante la sesión celebrada ayer que, por momentos se tornó álgida, entre dos senadoras de Quintana Roo, la morenista, Marybel Villegas, y la panista, Mayuli Martínez .
Villegas Canché, quien presentó en febrero pasado el punto de acuerdo, acusó de opacidad al gobierno del estado, pues hasta el momento no ha rendido ningún informe público, de cómo se gastaron los 240 millones de pesos que presuntamente se invirtieron en combatir el alga marina , el año pasado.
“El uso de este dinero fue responsabilidad del gobierno de Quintana Roo y lo que pedimos es que se audite este recurso (…) Al día de hoy, el gobernador Carlos Joaquín, no ha informado al pueblo de Quintana Roo, el destino de cada peso”, dijo en tribuna.
Foto: Adriana Varillas
La senadora acusó que sólo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) -que junto con el PRD postuló a Joaquín González como gobernador- se negó a firmar el punto de acuerdo.
También en Tribuna, la senadora, Mayuli Martínez, aclaró que respaldan la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos pero subrayó la urgencia de incluir en el acuerdo -como lo solicitaron los empresarios y turisteros a la Cámara Alta-, un exhorto para que lo antes posible se destinen recursos para hacer frente al problema, que aqueja nuevamente a las playas del Caribe Mexicano.
“Estoy a favor de la transparencia, por supuesto es importante que se sepan los 62 millones de pesos que nada más dio el gobierno federal; y eso comprueba que lo que se dijo la semana pasada que eran 450 millones de pesos era mentira; es grave que en esta tribuna se mienta”, reclamó.
Al subrayar que el gobierno federal únicamente aportó 62 millones de pesos, consideró que sólo fiscalizar el destino del dinero no solucionaba el problema actual que podría convertirse en una contingencia ambiental y económica local y nacional.
Foto: Adriana Varillas
¿Dónde están los dineros?
Como lo ha documentado EL UNIVERSAL, en junio de 2018, el gobierno federal destinó 62 millones de pesos para la limpieza manual del sargazo acumulado masivamente en playas de siete de 11 municipios, lo que incluyó maquinaria y el traslado de las macroalgas a sitios de disposición final improvisados.
El dinero provino del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y bajó al estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El gobierno del estado aportó otros 20 millones de pesos, para afrontar la problemática , a esa escala, lo que sumó 82 millones de pesos.
En una segunda etapa y ante la magnitud del problema, durante el verano, el gobierno estatal, con recursos propios y a falta de una respuesta de la federación, destinó 240 millones de pesos para la colocación de barreras deflectoras, que desviaran el sargazo en mar abierto.
Se contrató a la empresa Goimar para la colocación de las primeras barreras ecológicas, en Punta Nizuc, en Cancún y se dijo que irían avanzando hacia Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Una semana después se añadió a la empresa ARCO, cuya capacidad fue rebasada por el volumen de las macroalgas.
Goimar y ARCO son empresas cuya experiencia se basa en la colocación de tecnología para contener derrames petroleros, a través de barreras especializadas. Una tercera empresa -Dakatsu- fue contratada por el ayuntamiento de Solidaridad y su mal desempeño provocó que se cancelara su contrato.
En agosto de ese año, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Alfredo Arellano, declaró a este diario que solicitarían a la federación 218 millones de pesos para completar los trabajos. Sin embargo, pasados los meses, no se dio a conocer si esa suma se pidió o no.
Incluso, el funcionario consideró que sería necesario solicitar al gobierno federal, para el ejercicio 2019, 610 millones de pesos, a fin de comprar las vallas ecológicas y ahorrar en la renta de ese equipo, toda vez que se concluyó que el recale de sargazo seguiría presentándose.
Sin presupuesto para atacar el problema
La idea se descartó y comenzaron a explorarse otras estrategias. Para este año, el funcionario solicitó 405 millones de pesos a través de la Comisión Interinstitucional instruida por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para atender el arribo, pronosticado en las mismas o mayores dimensiones que las de 2018; sin embargo, tiempo después, otra evaluación local estimó que sería necesario el doble.
El dinero sigue sin liberarse, pero el problema ya está en las costas nuevamente . El 28 de marzo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), se presentó en Cancún, como nuevo encargado de atender el tema y propuso al Comité Técnico Asesor, conformado por científicos locales y regionales y autoridades estatales, un proyecto denominado “Escudo del Caribe”, para el cual se gestionarían 50 millones de dólares.
La última sobre el tema financiero, fue la declaración hecha el 21 de abril pasado por el diputado federal quintanarroense por Morena, Luis Alegre, quien dijo que solicitaría dos mil 500 millones de pesos para captar el alga en el mar y evitar que llegue a las costas, “desintegrándolo” o incluso “quemándolo en alta mar”, con “incineradores especiales” o reusarlo en plantas que generen energía eléctrica.
