Cancún.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) iniciará un procedimiento para invalidar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable de Tulum (PMOTEDUS), debido a que presenta “graves faltas e incongruencias” que propician el deterioro ambiental de aquella demarcación.
Esta será la segunda ocasión en que la Secretaría promueva un recurso jurídico para desactivar un instrumento de planeación con incidencia en Tulum, por invadir competencias federales.
La primera ocasión fue en 2008, cuando promovió una controversia constitucional -la 72/ 2008- contra el municipio de Solidaridad, por la expedición de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano 2006-2030 de Tulum, que en esa época formaba parte de aquella demarcación. Dicho instrumento densificaba el área natural protegida del Parque Nacional Tulum (PNT) y Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah, pretendiendo incorporarlos a la mancha urbana.
En esta ocasión, la afrenta tiene que ver con el nuevo instrumento híbrido, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de marzo pasado, que invade competencias federales y propone cambios de uso del suelo y densidades que propician un crecimiento urbano que amenaza las selvas, el acuífero subterráneo, la fauna marina, arrecifes y vestigios arqueológicos del municipio de Tulum.
Este Programa Municipal de Ordenamiento -figura inexistente en la legislación federal- contraviene la propia legislación local ambiental, pasa por alto el Ordenamiento Ecológico Territorial del Corredor Cancún-Tulum y contiene políticas contradictorias “inadecuadas e insuficientes”, indicó la dependencia ambiental, que reprochó haber sido excluida de su proceso de elaboración y validación.
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Por lo anterior, la Semarnat notificó al ayuntamiento encabezado por el alcalde Victor Mas Tah , que dicho instrumento no es reconocido ni será tomado en cuenta por la dependencia ambiental, para la obtención de permisos y concesiones competencia de la Secretaría.
“Este instrumento presenta lineamientos, usos del suelo y criterios de regulación ecológica sobre temas de jurisdicción federal, como ciertos rubros de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que deben ser abordados de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno.
“En este sentido, la Semarnat exhorta al municipio de Tulum a establecer comunicación permanente con especialistas del sector ambiental federal para lograr un ordenamiento territorial en equilibrio con el medio ambiente y los recursos naturales”, indicó la dependencia en un comunicado de prensa.
El pasado seis de abril, EL UNIVERSAL dio a conocer que habitantes, académicos, sociedad civil organizada y consultores ambientales y urbanos, advertían sobre los graves impactos que provocará el instrumento híbrido creado por Quintana Roo, a través de la Ley de Asentamientos Humanos del estado, aprobada por la XV Legislatura, pese a que invadía competencias federales en materia ambiental.
En 2018, el Congreso y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), a cargo de Carlos Ríos Castellanos, se empeñaron en ignorar las observaciones de Colegios y consultores en torno a que la nueva figura con la que pretenden sustituir los Ordenamientos Ecológicos Locales y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, para fusionarlos, contravenía la legislación federal e incluso la local.
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La llamada “Ley Casitas” -como se le bautizó a la homologación de la Ley estatal de Asentamientos Humanos, fue finalmente aprobada, con todo y el instrumento híbrido.
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) tampoco se opuso, pese a que la nueva figura violenta su ley marco: La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEEPA) y continuó avalando los trabajos para elaborar, en este caso, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial Ecológica y Desarrollo Urbano Sustentable de Tulum (PMOTEDUS).
En 2020, la Semarnat advirtió -oficialmente- al gobierno de Quintana Roo que no participaría en las mesas de trabajo, pero el proceso siguió, hasta que el primero de esos instrumentos -el de Tulum- fue publicado a finales de marzo.
Al respecto, la Secretaría indicó que, luego de revisar el PMOTEDUS, éste no incluye el artículo 23 I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que señala que los Planes o Programas de Desarrollo Urbano “deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidas en los Programas de Ordenamiento Ecológico del territorio vigentes”.
“Tampoco toma en cuenta a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de Quintana Roo, ni su reglamento en materia de ordenamiento Ecológico”, se lee.
La Semarnat detectó que para desconocer el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del corredor Cancún-Tulum, se argumenta que, al tener 20 años de vigencia, ya no corresponde con la realidad ecológico/ambiental de la zona.
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“Sin embargo, no presenta ninguna evaluación del desempeño formal del citado programa que permita verificar los supuestos establecidos en los artículos 48 y 49 del reglamento en materia de ordenamiento ecológico de la LGEEPA que justifique su modificación”, indicó la Secretaría, al señalar que tampoco se precisa el status jurídico del POET y las posibles contradicciones con el PMOTEDUS Tulum.
La Semarnat subrayó que si bien el híbrido no abarca las cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPS) de competencia federal que posee Tulum, sí son colindantes con la superficie normada por el nuevo instrumento.
Se trata del Parque Nacional Tulum, la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, la Reserva de la Biósfera Arrecifes de Sian Ka’an y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano, que cuentan con una zona de influencia dentro del polígono en cuestión y, por lo tanto, son claves para la conservación de la biodiversidad en la región.
“El PMOTEDUS Tulum propone cambios de uso de suelo para incentivar y permitir el crecimiento urbano, el desarrollo inmobiliario repercutiendo negativamente sobre los ecosistemas, provocándose así efectos negativos y diversos a los sistemas hidrogeológicos y por ende a las especies terrestres, marinas, de arrecifes y monumentos arqueológicos”, resalta la dependencia.
También hace referencia a las 31 Unidades de Gestión Territorial Sustentable (UGTS) que dividen el territorio municipal de Tulum, contenidas en el híbrido, cuyas políticas propuestas presentan “contradicciones, son inadecuadas o insuficientes”.
Como ejemplo, citan que las UGTS con política de aprovechamiento sustentable se pretenden construcciones para el turismo convencional y alternativo, además del desarrollo de asentamientos humanos.
La Secretaría agregó que toda infraestructura que se pretenda desarrollar en dichas áreas o terrenos forestales requerirá de su autorización en materia de cambios de uso del suelo, además de cumplir con las cuestiones técnicas respectivas, así como del marco jurídico aplicable, por lo cual se considerará ilegal cualquier remoción de vegetación forestal y se podrán iniciar los procesos legales y administrativos correspondientes.
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