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Cancún, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) abrió a consulta pública el proyecto del Tramo 5 Sur del Tren Maya , consistente en una vía ferroviaria de 67.6 kilómetros que correrá de Playa del Carmen a Tulum, con dos estaciones y obras alternas que afectarán un total de 516.758 hectáreas y provocarán impactos de severos a críticos, en los sistemas kársticos, por derrumbes y hundimientos, daños a la integridad de cenotes y pérdida de cobertura vegetal.
La dependencia federal notificó de la apertura del proceso de consulta pública del proyecto –promovido por la empresa Fonatur Tren Maya– en el número 23 de su Gaceta Ecológica.
Este ejercicio de participación ciudadana estará abierto del 23 de mayo al 17 de junio, con la finalidad de que cualquier persona pueda presentar sus observaciones y objeciones técnicas, así como medidas de prevención y mitigación respecto a las obras, cuya inversión se calcula en 31 millones 501 mil 606 pesos.
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Fue el propio Fonatur Tren Maya (antes Fonatur operadora Portuaria S.A. de C.V.) la institución solicitante de la consulta pública para el proyecto, cuya evaluación del impacto ambiental inició oficialmente el pasado 19 de mayo.
Para poder consultar el proyecto, la Secretaría puso a disposición de las y los interesados el Resumen Ejecutivo correspondiente y la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R), con más de seis mil páginas en su formato electrónico, con la clave 23QR2022V0020.
También puede ser consultada personalmente en las oficinas de la delegación de la Semarnat en Cancún o en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental ( DGIRA ), en la Ciudad de México .
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La MIA, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) y el Instituto Nacional de Ecología (Inecol), fue publicada desde el 18 de mayo ya ha sido objeto de duras críticas, no solo por su contenido –considerado por activistas y biólogos como deficiente– sino porque llega a destiempo.
En entrevista con EL UNIVERSAL la presidenta del Grupo Ecologista del Mayab ( GEMA ), Araceli Domínguez, afirmó que la entrega del extenso documento busca cumplir con un trámite, cuando el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) ya fue violentado, al iniciar los trabajos desde febrero.
“Están presentando la MIA como un mero trámite para justificar sus ilegalidades, lo cual es muy grave, porque quien incurrió en esas violaciones a la ley, fue la propia autoridad. No tiene mucho sentido que hablen de mitigaciones, porque ya no se puede mitigar lo que ya hicieron. El daño está hecho, lo que no quiere decir que no puedan afectar más”, expresó.
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La activista, quien señaló que se encuentra en el estudio de la MIA , indicó que el contenido del Resumen Ejecutivo del proyecto confirma el grueso de argumentos que espeleólogos, biologos, organizaciones de la sociedad civil y demás especialistas han venido exponiendo, pese a la campaña de descalificaciones del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador .
“En la MIA nos están dando la razón. Hablan de impactos severos a los flujos subterráneos, al sistema kárstico; hablan de posibles hundimientos y derrumbres, por el tipo de suelo; hablan de fragmentación de la selva, de fragmentación del hábitat de la fauna.
“El problema es que después de reconocer todo esto, determinan que todos esos impactos que ellos mismos declaran, no son significativos. La realidad es que la zona no permite que se haga una obra de este tipo y menos sobre la red de ríos subterráneos más grande del mundo que, por cierto, parece que es omitida”, subrayó.
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Domínguez Rodriguez, cuya defensa del derecho a un medio ambiente sano participando en comités de protección de diversos ecosistemas, en la elaboración de Ordenamientos Ecológicos y Programas de Desarrollo Urbano diversos o promoviendo infinidad de recursos jurídicos en contra de obras y proyectos depredadores, durante más de 35 años, aclaró que su postura no es contra López Obrador, ni contra su régimen o contra el Tren Maya.
“Lo que nosotros reprobamos y a lo que nos oponemos es a la violación al marco legal ambiental y a la afectación de ecosistemas de alto valor, solo por el capricho de cambiar la ruta, sin estudios, sin escuchar a los científicos y personas expertas”, sostuvo.
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